Fotografía: Marcha de educadoras/es tradicionales en Puerto Montt, martes 11 de marzo de 2014, día en que asumió la actual presidenta Michelle Bachelet | Fütawillimapu
Mai ta pu peñi, pu lamuen, kiñe srakisuam künoayen ta famo, eimün tamün kimam chumuechi ta yepungeki tayin kimeltujo konlu engün pu kimeltuwe sruka: petu kullingelai, pelai ñi kulliñ engün.
En esta publicación compartimos una reflexión referente al indigno trato laboral que reciben educadoras y educadores tradicionales mapunche williche de parte del Ministerio de Educación, en cuanto al no pago de sus honorarios por el trabajo que realizan en la asignatura de «Lengua y Cultura Indígena».
Como hemos señalado en varias oportunidades, las demandas en materia de “educación” de parte de las autoridades ancestrales mapunche de la Fütawillimapu al Estado de Chile se inician, hasta donde sabemos, en los Memoriales de 1894 y 1936. En particular, este último dejó planteada la necesidad de contar con instituciones educativas propias mapunche, la distribución de libros de enseñanza del Tse Süngun en todos los «colegios fiscales» y la contratación de profesores mapunche de ambos sexos, sin tener necesariamente «un diploma».
Un siglo después, las demandas de los Apo Ülmen no han sido escuchadas, contentándose el Estado con haber implementado la actual «Asignatura de Lengua y Cultura Indígena» (ALCI), originada el año 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, específicamente con el Decreto Nº 280 que redujo la «interculturalidad» a una simple asignatura de cuatro paredes.
La ejecución en aula de la ALCI fue planteada desde un comienzo como un trabajo complementario entre un profesor mentor y una educador/a tradicional o kimeltujo. Así, los y las kimeltujo pasaron a ser el medio a través del cual el conocimiento de la comunidad originaria local -en la cual el establecimiento está inserto- llega a los pichikeche, siendo portavoces del Pueblo al cual pertenecen.
Sin embargo, la implementación de la ALCI desde un principio fue diseñada sin fondos: depende de un proyecto anual y no de recursos fijos como los que tienen otras asignaturas, razón por la cual no existen materiales adecuados y contextualizados a las diferentes realidades culturales e históricas de los territorios mapuche. En otros términos, no forma parte de la subvención escolar como el resto de las asignaturas.
Los contenidos de la ALCI no han sido consultados a nuestros kimche, autoridades ancestrales y organizaciones mapunche de la Fütawillimapu.
A lo anterior, se suma que el trabajo de los/as kimeltujo se realiza sin seguridad laboral, ni cobertura previsional y ni de salud, pagándose honorarios por su labor de transmitir los conocimientos de su pueblo, siempre y cuando entreguen informes mensuales y anuales, cada año con un formato más engorroso. Importante mencionar que dichos honorarios se pagan tras considerables meses de espera (incluso un año), originando conflictos familiares que debilitan la vocación de transmitir kimün y srakisuam a las nuevas generaciones.
Otro aspecto no conocido de nuestras/os kimeltujo es que su trabajo ha tenido gran resistencia desde el sistema escolar (sostenedores y profesores) e, incluso, de apoderados y dirigentes mapunche. Casos de racismo explícito, desdén a su trabajo o entorpecimiento en el desarrollo de actividades, junto a la falta de acceso a computadores u otros elementos tecnológicos, han sido duras adversidades que gracias a la persistencia de cada kimeltujo se han ido revirtiendo.
TRATO LABORAL INDIGNO
Desde los inicios de la implementación de la ALCI, siendo primero «Subsector de Lengua Indígena», llevada a cabo durante la presidencia de Sebastián Piñera, los/as kimeltujo reclamaron por la no asignación de recursos en el marco de la ejecución del Decreto Nº 280 y la precaria situación laboral no obteniéndose avance alguno desde el gobierno de turno.
Terminado el mandato del empresario presidente Piñera, el martes 11 de marzo, día en que asumió su segundo gobierno la militante socialista Michelle Bachelet, los/as educadoras/es tradicionales mapuche williche marcharon por Puerto Montt exigiendo al nuevo gobierno el respeto al derecho de nuestros pichikeche a aprender la lengua de nuestros ancestros dentro de las escuelas, un trato laboral digno y la profundización de la interculturalidad.
A poco más de un año para que finalice el mandato de Michelle Bachelet, la respuesta del gobierno ha sido nula.
Importante tener presente que, referente a Contratación y Condiciones de Empleo, el Convenio 169 de la OIT –mutilado en Chile por los inconsultos decretos Nº 40 y Nº 66 del gobierno de Sebastián Piñera– señala en su artículo 20:
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;
La conclusión evidente es que, a pesar de ser parte del ordenamiento jurídico chileno, el Convenio 169 de la OIT es letra muerta.
Mientras el gobierno de la «Nueva Mayoría» mantiene el menosprecio estatal, educadoras y educadores tradiciones mapunche se congregarán mañana miercoles 23 de noviembre, a las 9 hrs., en el Departamento Provincial de Educación de Osorno, en demanda (¡otra vez!) de la cancelación inmediata de sus honorarios impagos.
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