Con más de un millón de personas, el pueblo mapuche representa el 7% de la población total del país y constituye la principal minoría nacional en Chile. En la región de La Araucanía, núcleo de su territorio histórico y cabecera política del Wallmapu independiente, representan el 30% de la población total regional. En su conjunto, las regiones del Biobio, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos contienen la mitad de la población mapuche contemporánea, alcanzando allí el 14% de la población total.
Por Pedro Mariman (*)
A pesar de su importancia demográfica y de los esfuerzos del movimiento en sus 101 años de existencia formal, los mapuche están excluidos no solo de la formación de la “voluntad política nacional”, si no que, además, de la toma de decisiones en sus propias regiones. No cuentan con representación en ninguna de las dos cámaras del Congreso, apenas con un concejero regional en La Araucanía –situación que no se repite en las otras tres regiones constitutivas del Wallmapu–, dos alcaldes de 32 municipios en la misma región y la décima parte de los concejales municipales. Esto, a pesar de constituir la tercera parte de la población regional, como se ha mencionado anteriormente.
La exclusión política de los mapuche y de los demás pueblos indígenas es insostenible a lo menos por tres razones. En primer lugar, Chile ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al estado a establecer medidas especiales para procurar esa participación en órganos administrativos y electivos; además de su participación en la toma de decisiones sobre desarrollo regional, de acuerdo a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. Chile también suscribió la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y, con ello, adquirió directrices respecto del ejercicio del derecho de estos pueblos a la autodeterminación, a otorgarse sus propias instituciones políticas y a dotarse de autogobiernos. Además el país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud de lo cual debe eliminar los obstáculos jurídicos o administrativos que limitan el goce de esos derechos para toda la población. Finalmente, un fallo de la Corte Interamericana (Yatama v/s Nicaragua: 2005), le obliga a procurar la participación política indígena a través de sus propias organizaciones, y no necesariamente a través de los partidos políticos.
En segundo lugar, han existido compromisos políticos incumplidos por los gobiernos y en especial por las dos últimas administraciones de la Concertación. Las recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) proponían una reforma constitucional que, por medio de un sistema de cupos reservados, diera representación política a los pueblos indígenas en el Congreso y en los Concejos Regionales y Municipales. El programa de gobierno de Michelle Bachelet era especialmente explicito en declarar su intención de procurar esa participación política. Entre las 54 medidas de acción del pacto Re-Conocer (2008), se incluían aquellas relativas a los escaños reservados en el Congreso y los Concejos Regionales, que luego fueron sometidas a una cuestionada consulta a los pueblos indígenas, y finalmente archivadas sin tramitarse legislativamente. La actual administración de derecha, convocó unilateralmente y luego terminó de manera forzada un proceso de consulta a los pueblos indígenas, en el que se reiteraban los temas de 2009, pero excluyendo aquellos referidos a la participación política.
En tercer lugar, el movimiento mapuche ha desarrollado una larga actividad política destinada a incidir sobre gobernantes y parlamentarios, o participar directamente en la toma de decisiones a través de representantes propios en el congreso o en los municipios. Entre 1924 y 1973 el movimiento mapuche participó prácticamente en todas las elecciones parlamentarias, obteniendo nueves triunfos y siete diputados (dos de ellos reelectos). En 1931 presentó una fórmula de escaños reservados que le permitiese estar representado de manera proporcional en el Congreso, y a fines de ese mismo año resolvió perseguir la conformación de una “república indígena” –una temprana fórmula de autodeterminación-, además de la creación de un partido político que encarnase ese proyecto. El movimiento mapuche post dictadura refinó sus planteamientos autonomistas vinculándolos al desarrollo del derecho a la autodeterminación en el orden internacional de los derechos humanos y a la vez acrecentó su participación en los procesos electorales tanto parlamentarios como municipales. Salvo Francisco Huenchumilla, que basó su caudal político en el respaldo de su partido más que en el electorado mapuche, ningún otro candidato ha logrado imponerse en las elecciones parlamentarias. El sistema electoral -proporcional y plurinominal antes de la dictadura, binominal y mayoritario en el sistema político vigente- ha tenido mucho que ver en la exclusión política de los mapuche.
A raíz de las movilizaciones sociales que agitan el país, la discusión sobre reformas pendientes al sistema político, como el remplazo del sistema electoral binominal y la democratización de los gobiernos regionales, han vuelto a ponerse tibiamente sobre el tapete. El gobierno ha declarado no tener intenciones de reformar este sistema y ha presentado un proyecto legislativo para la elección de los consejeros regionales que mantiene los obstáculos para la participación de independientes y de minorías. En este último caso, el proyecto tampoco contempla la aplicación de medidas especiales que refuercen las posibilidades de los pueblos indígenas para acceder a los consejos regionales, ni tampoco ha sido consultado debidamente con sus organizaciones, de modo tal que el gobierno incumple las obligaciones adquiridas al ratificar el Convenio 169 y desoye el fallo de la Corte Interamericana a raíz del caso Yatama v/s Nicaragua.
La inacción que el gobierno anuncia respecto del reemplazo del sistema binominal, y la presentación de un proyecto de elección de consejeros regionales que mantiene elevados niveles de ingreso al sistema, perpetúa el equilibrio entre las dos coaliciones gobernantes, no contribuye a democratizar el país, y obliga también a los pueblos indígenas a pensar en que los cambios políticos profundos sólo serán posibles en la medida que cambie el orden constitucional que da sustento al régimen político excluyente que hemos conocido en los últimos 20 años. En suma, una tarea que requiere alianzas más allá de sus propias fuerzas.
(*) Coordinador Programa de Derechos Indígenas
Observatorio Ciudadano
Fuente: Observatorio Ciudadano (19.10.2011)