Con fecha 30 de diciembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de Chile la Ley Nº 20.477 que «Modifica la competencia de los tribunales militares» astuta respuesta del gobierno chileno a la inocultable huelga de hambre de más de una treintena de nuestros prisioneros políticos Mapuche.
El eje principal de esta ley es que a partir del 30 de diciembre de 2010 los procesos por supuestos delitos cometidos en contra de uniformados serán competencia de tribunales civiles y no de tribunales militares, cumpliendo así con un estándar mínimo de un estado democrático. Importante destacar que en sus disposiciones transitorias, la ley 20.477 establece un plazo de 60 días, a partir del 1 de enero de este año, para que las fiscalías militares traspasen las causas a la justicia civil.
Recordemos que entre los más de 5.000 casos que deben traspasarse a la justicia civil, está el de nuestro peñi Camilo Aguas Valderas que actualmente es acusado sin prueba alguna de agredir y lesionar al cabo de carabineros Enrique Sandoval Delgado durante los incidentes que se produjeron en la finalización de la histórica marcha mapuche williche de los días 28 y 29 de septiembre de 2010. Camilo, que ahora está libre tras tres meses de injustificada prisión preventiva, podrá demostrar su inocencia con mayor celeridad.
No obstante el «avance» que implica la ley Nº 20.477, el estado de Chile aún no cumple los estándares mínimos que otros países considerados como «desarrollados» ya han implementado hace bastante tiempo: los delitos de uniformados en contra de civiles, seguirán siendo competencia de la (in)justicia militar (que por lo demás está obsoleta) por lo que los funcionarios de carabineros continuarán cubriéndose las espaldas entre sí y casos como el de Alex Lemun y Matías Catrileo seguirán en la impunidad… La pregunta que surge es ¿Y dónde está la igualdad ante la ley?
Pero la situación reviste aún mayor gravedad: el 15 de septiembre el gobierno de turno envió al congreso el proyecto de ley que «Establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías«. Lo extraño es que este proyecto no se anunció con la parafernalia de los proyectos de reforma al sistema de justicia militar y el proyecto de ley que «reconoce» el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena, los que se presentaron como las grandes soluciones para terminar con la huelga de nuestros prisioneros.
Sumando y restando, la situación de desigualdad entre uniformados y Mapuche sigue siendo la misma: quizás no seamos juzgados en tribunales militares, pero sólo bastará que un uniformado afirme que alguno de nosotros lo insultó durante una marcha para que seamos llevados a la cárcel.
Proyectos de ley en tramitación actual
Boletín 5324-07: Proyecto de reforma constitucional que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena.