Probablemente no entendió el titular en mapudungún que encabeza esta pagina (¡Desde la tierra de Aysén, nuestra lucha continúa…!), y precisamente ello nos hace tomar conciencia de la distancia que hoy tenemos con el pueblo mapuche, quienes también tienen presencia en nuestra región. Lo que piensan de la dramática huelga de hambre de sus “hermanos comuneros”, su posición sobre la Ley Antiterrorista, las responsabilidades que asignan al actual gobierno, su despojo histórico de tierras, el racismo y el caso Catrileo en completo reportaje.
Imagen: El Patagón Domingo
Por Luis Avendaño M. / Desde Puerto Aysén
“Hace 20 años en Aysén se hablaba de chilotes, a nuestros hermanos les daba vergüenza reconocerse como indígenas”, parte contando Luisa Guaquel Marimán, presidenta de la comunidad mapuche williche (mapuches del sur) denominada con sus mismos apellidos. Una situación que algo ha cambiando gracias al trabajo de las 3 comunidades y 2 asociaciones indígenas que existen en Puerto Aysén. Pese a eso, aún existe cierto temor de reconocerse como descendiente indígena.
“Es una pena, porque debiéramos sentirnos orgullosos de ser lo que somos, de representar una raza que ha sido luchadora durante muchos años”, asegura Juana Melipichún, vocera de su comunidad familiar.
“Nuestros padres hablaban muy poco el mapudungún. Mi bisabuela era machi, pero esos rituales se han ido perdiendo”, reconoce Luisa Guaquel. Por eso las diversas organizaciones han realizado proyectos tendientes a recuperar sus tradiciones, principalmente, en lo relacionado con su lengua y religiosidad. “Hemos traído gente de fuera para que nos vengan a enseñar. En Aysén hay pocos hablantes. También hemos traído machis”, agrega Guaquel.
No obstante, reconocen estar en pañales. Los Guaquel Marimán se organizaron formalmente hace 8 años y los Melipichún Nitor hace 6.
“Antes no llegaba información. Hace muy poco llegó el PIDI (programa de Promoción e Información de los Derechos Indígenas) a Coyhaique, pero no nos satisface totalmente, porque dependemos de Osorno. Cualquier trámite hay que hacerlo con ellos, es muy engorroso, hay que esperar mucho tiempo”, cuenta Juana, la vocera de esta última comunidad.
Sin embargo, lo suyo es ir paso a paso, “todos los cambios sociales son lentos, poco a poco hemos ido ganando nuestro espacio. Muchas veces nos buscan para la foto, en las candidaturas políticas, pero nosotros buscamos algo más trascendental”, señala Luisa. Quizás, luchar por lo que ellos califican de “deuda con el pueblo mapuche”.
“Somos gente de la tierra”
Su vínculo con sus “hermanos” de la zona de la Araucanía es evidente, “los pocos beneficios que hemos tenido acá es por el trabajo de ellos, que han batallado por años”, cree la presidenta de los Guaquel Marimán. Por eso, desde la distancia apoyan a los 37 comuneros que se acercan a los 3 meses en huelga de hambre.
Convencidas de que no se los debiera juzgar por la ley antiterrorista, Juana Melipichún cree que la huelga de hambre es la única manera en que estos pueden seguir luchando. Sin embargo, cree que “sería importante que se siguieran fortaleciendo las instancias de diálogo”. Responsabilidad que ambas dirigentas creen que le atañe al actual gobierno.
Es que mucho se ha hablado de las responsabilidades que le caben a los gobiernos de la Concertación, por la aplicación de la ley antiterrorista. “Es una deuda del Estado de Chile. Nuestro pueblo batalló 3 siglos con los españoles y hay documentos que acreditan que luego el virrey reconoció a nuestro pueblo como nación independiente. Pero cuando fue república, el Estado chileno los despojó de sus tierras. Hubo muchas muertes, las mejores tierras quedaron en manos de latifundistas y extranjeros. Muchos gobiernos hicieron intentos, pero sólo se reconoció que hay una deuda. Posteriormente, la dictadura de Pinochet instauró la ley antiterrorista y nuestro pueblo retrocedió aún más. Durante los gobiernos de la Concertación tampoco se avanzó mucho. Quisieron hacer algunos ajustes, pero recibieron la presión de los empresarios y de la derecha para que no se cambiara la ley, así que ahora el gobierno no venga a decir que no son responsables de lo que está ocurriendo”, señala Guaquel Marimán.
Una opinión que es compartida por Melipichún, “le están echando la culpa al gobierno de Bachelet, pero yo estoy conciente de que hubo propuestas para cambiar la ley antiterrorista, pero la oposición se negó. Están preocupados de buscar culpables. Ellos están gobernando y son responsables de solucionar el problema”, sentencia.
Imagen: El Patagón Domingo (Luisa Guaquel Marimán, presidenta comunidad mapuche-williche Guaquel Marimán; Juanita Melipichún Melipichún, vocera comunidad mapuche-williche Melipichún Nitor; y la alcaldesa de Aysén, junto al concejo municipal, brindó su apoyo a los huelguistas.)
Una solución definitiva que pasa por recuperar lo que para ellos es esencial. “Nosotros como pueblo mapuche somos gente de la tierra. No somos mapuches si no tenemos tierras. Fundamentalmente ese sería la forma de saldar la deuda”, admite Luisa Guaquel. Aunque reconoce que los grupos más radicales algún día quisieran formar una nación independiente, por el momento ella se sentiría conforme con la recuperación de las tierras que tienen un mayor simbolismo para su pueblo.
Falta voluntad
Luego que los comuneros no llegaran a acuerdo con el gobierno (al menos hasta el cierre de esta edición), el propio Ejecutivo calificó de “inaceptable” la propuesta de los mapuches, que exige establecer una mesa de negociación que incluya al poder judicial y al legislativo.
Para Luisa Guaquel, todo es posible cuando hay voluntad, “cuando quieren modifican las leyes en pocas horas, es una actitud intransigente e indolente. Cuando escucho a hablar al ministro da la impresión que cree que está hablando con gente ignorante. La gente de avanzada de nuestro pueblo, justamente mucho de los que están encarcelados, llegaron a la universidad, tienen una gran cultura. No es que a un par de mapuchitos se les ocurrió hacer una huelga, hay mayores fundamentos. No entienden que pueden hablar al mismo nivel”.
Una supuesta falta de voluntad que según creen queda en evidencia al contrastar la actitud que tuvo el gobierno y algunos parlamentarios de la Concertación con respecto a los huelguistas de hambre cubanos. “Valoran lo de fuera y no lo de dentro, esto corrobora el racismo que hay en Chile, dicen que van a hacer convenios para respetar al pueblo mapuche, pero son saludos a la bandera”, asegura Guaquel Marimán. Por eso insiste, “ha habido muchas huelgas, se han hecho diálogos, pero se levanta la huelga y queda hasta ahí. Tienen que entender que esta huelga es el último recurso que tienen los comuneros, sino van a pasar 80 ó 90 años en la cárcel”.
Apoyo unánime
Previo a fiestas patrias, la totalidad de los miembros del Concejo Municipal de Aysén llamaron al gobierno a dar respuesta a las demandas del pueblo mapuche. “Esta situación que ocurre con los comuneros mapuches exige que adoptemos una posición, de forma de hacer presión para pedir que ellos sean atendidos rápidamente y de igual forma que el resto de los chilenos, por las mismas leyes, no por la ley antiterrorista”, señaló la alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez, quien también participó de una marcha en apoyo a dicha causa.
Por su parte, Ximena Novoa, concejal de la coalición oficialista, aseguró, “todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, siempre he estado en contra de cualquier tipo de discriminación, por lo que debemos tomar una acción como concejo y apoyar al pueblo mapuche”. Posición que también fue respaldada por el concejal PRI, Sergio González, “prácticamente no hay ningún chileno que no se emocionara con lo que pasó con los mineros y hoy día están conmovidos con lo que pasa con los mapuches. Es de una injusticia tremenda y estoy de acuerdo en dar algún paso que nos permita enviar un reclamo al nivel superior y tratar de apoyar la postura que tienen ellos y se pueda solucionar este tema”, indicó.
Un respaldo que quedó refrendado el 3 de septiembre pasado, cuando organizaciones de comunidades indígenas marcharon por las calles de Puerto Aysén. “Hemos recibido harto apoyo, el día de la marcha había partidos políticos, grupos de mujeres, entre otros”, cuenta Juana Melipichún.
Aquel día las mujeres pertenecientes a diversas comunidades mapuches leyeron una declaración pública, a través de la cual exigieron la “no aplicación de la ley antiterrorista, el fin al doble procesamiento cívico-militar y la libertad de todos los presos políticos”.
La paradoja de Tantauco
El “Tratado de Tantauco”, fue el acuerdo de paz firmado en 1826 con España, a través del cual se anexó Chiloé a Chile, y que también incluía el reconocimiento por parte de la corona española de los derechos a perpetuidad de los williche sobre las tierras de la isla, quienes no fueron reconocidos por el Estado chileno.
Según consigna esta semana un artículo de El Mostrador, el actual Presidente Sebastián Piñera, sabía con anterioridad que 91 mil hectáreas del ahora parque Tantauco estaban siendo reclamadas por los williche. Terrenos que en 2004 compró a través de la Fundación Futuro.
No sólo eso, el diario digital relata la molestia que en su momento existió por parte del Concejo de Caciques Williche de Chiloé. Esto, debido a que Piñera denominó a los terrenos con el nombre del tratado, el mismo que no estaba respetando al no devolver las tierras a las comunidades indígenas.
Sin embargo, dicha molestia no fue la primera advertencia que el entonces empresario recibió con respecto a un posible conflicto por dichos terrenos. En el mismo artículo el ex obispo de Ancud, Juan Luis Ysern, relata que antes de que se realizara la transacción le advirtió personalmente a Piñera, pero este le habría dicho que el tema de los williche era un problema del Estado, no suyo. Al respecto, Luisa Guaquel lamenta que “el poder en Chile está en manos de unos pocos y ellos hacen lo que quieren”.
El caso Catrileo
Conmoción generó entre las comunidades indígenas de Puerto Aysén, la noticia de que el asesino de Matías Catrileo, el cabo Walter Ramírez Inostroza, se encuentra desde agosto de 2008 trabajando en la Central de Comunicaciones de Carabineros de Coyhaique.
“Ahí se vivencia el racismo que hay de parte del Estado chileno contra nuestro pueblo. Por matar a un mapuche le dan 3 años con pena remitida y la persona puede seguir en su trabajo, pero por quemar los pastizales del señor Luchsinger, 100 años de cárcel”, asegura Luisa Guaquel Marimán.
Dicho asesinato ocurrió el 3 de enero de 2008 en el fundo Santa Margarita, perteneciente al empresario agrícola, Jorge Luchsinger. La investigación del fiscal de Temuco, Jaime Pinto, confirmó que 3 disparos de una subametralladora Uzi de Ramírez perforaron por la espalda el pulmón del joven estudiante de agronomía de la Universidad de la Frontera, causándole la muerte unos minutos más tarde.
El 19 de agosto de este año, la Corte Marcial de Valdivia condenó al Cabo Walter Ramírez a 3 años y 1 día de pena remitida por violencia innecesaria con resultado de muerte, pese a que el mismo Fiscal Militar de Temuco había solicitado 10 años de presidio efectivo. Por su parte, el abogado, Jaime Madariaga, representante de la familia Catrileo Quezada, interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema para aumentar la condena.
A la espera de la condena definitiva, Walter Ramírez seguirá en sus funciones, según confirmó el general de la Undécima Zona de Carabineros, Jorge Rojas Langer, situación que las organizaciones mapuches de Aysén repudiaron a través de diversas declaraciones a los medios de comunicación.
Fuente: El Patagón Domingo (03.10.2010)