Fotografía: Comunidad de Huaipulli, en Weketrumao, fue demandada por 500 millones de pesos por la Conaf | Soy el Trauko
Impresentable: gobierno demanda a comunidad Huilliche de Chiloé por explotación forestal en territorio que la Conadi debió entregar hace años a comuneros.
Comunidad de Huaipulli, en Weketrumao, fue demandada por 500 millones de pesos por la Conaf, representada por Francisco Urrutia, abogado y miembro de la Red Chiloé Cómo Vamos.
Por más de 500 millones de pesos, la totalidad de la directiva de la Comunidad de Huaipulli, de Quellón, ha sido demandada por el Gobierno, específicamente por la Corporación Nacional Forestal, tras una denuncia hecha por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, por la supuesta tala ilegal de bosque nativo del Fundo Weketrumao, territorio ancestral de las comunidades indígenas del sur de Chiloé y por el cual llevan años de lucha para que el Estado se los devuelta, atendiendo a su derechos consuetudinarios.
Han sido demandados en el Juzgado de Policía Local de Quellón por Francisco Urrutia, abogado de la Conaf e integrantes de la Red Chiloé Cómo Vamos, una suerte de ONG que desde hace un tiempo se fundó en Chiloé, dice trabajar temas de apoyo al mundo ciudadano y comunitario y ahora último se ha sumado a la críticas a la construcción del Mall de Castro.
Según la denuncia hecha por el abogado Francisco Urrutia, de la Red Chiloé Cómo Vamos, perdón, de la Corporación Nacional Forestal y a la cual Soy el Trauko tuvo acceso, se acusa a toda la Directiva de la Comunidad Huaipulli, de Chadmo Central, distante a unos 30 kilómetros de la ciudad de Quellón, de infraccionar la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal en aproximadamente 14,5 hectáreas del Fundo Weketrumao.
Según las estimaciones hechas en la demanda, los volúmenes de madera y leña extraídos por los comuneros tendrían un valor comercial de nada más y nada menos que 218 millones de pesos y en el mismo documento se argumenta que dadas algunas circunstancias, se debiese multar a los supuestos infractores con el 200 por ciento de ese valor, es decir el abogado de Conaf pretende que esta comunidad Huilliche empobrecida como muchas otras y que históricamente ha explotado el bosque con fines culturales, de subsistencia y también comerciales, pague a un organismo del Estado como es la Conadi la suma de 500 millones de pesos.
Este contrasentido en el que el Gobierno demanda a una comunidad por el uso que han dado al bosque en el que viven, tiene como agravante el que la Conadi posee esas tierras desde la década del noventa, tras una decisión política de traspasar estas tierras de carácter fiscal a este organismo público para que las entregara a los comuneros y sus familias, ya sea a través de títulos individuales o comunitarios. Lo concreto es que hasta la fecha nada ha pasado y las tierras no han sido entregadas a la comunidad huilliche.
Temen que los expulsen de sus tierras.
Ante esta millonaria demanda a la cual están expuestos, la Comunidad de Huaipulli está preocupada, pero se trata de gente curtida, acostumbrada a dar estas peleas y lamentablemente acostumbrada a esperar. Desde 1985 se están haciendo mediciones para regularizar un territorio que ellos ocupan históricamente. Ellos saben que no están en calidad de ilegales en el sector, pues sus papás, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos nacieron allí. Lo que tienen claro es que es la Conadi, la que teniendo el mandato de regularizar y entregar las tierras, no lo ha hecho y eso los indigna, pues ahora además esa institución creada para apoyarlos y que califican de negligente e inoperante, los acusa a la Conaf y esta última los demanda.
La contradicción de un Estado que está absolutamente en deuda con ellos y que no ha cumplido sus compromisos les duele, pues se trata de personas que no están acostumbradas a resolver sus problemas en los juzgados y tiene miedo a que, muy por el contrario a lo que debió hacer la Conadi, finalmente ésta resuelva expulsarlos de sus territorios, que por lo demás son aledaños al Parque Tantauco, de propiedad de Sebastian Piñera y por el cual también reclaman derechos ancestrales.
Están preocupados, no tienen otra forma de subsistir que aprovechando los recursos naturales del sector; lejos del mar, que siempre provee sustento, es el bosque el que lo otorga, ya sea para el calor de los hogares, para cocinar y también para vender, ya sea madera o leña.
Más contradicciones del gobierno.
A través de esta demanda, a los menos dos organismos el estado: la Conadi y la Conaf, dicen que los comuneros no tienen derechos sobre los bosque en Weketrumao y deben pagar por extraen leña y madera, muy lejos de lo que hace, por ejemplo, otro organismo el Estado que es el Indap, que sí los atiende con sus planes, proyectos y programas en calidad de propietarios de territorio y en esa calidad los beneficia y favorece, entregándoles recursos públicos para que sigan asentados y desarrollando sus vidas allí y los reconoce como dueños históricos del Weketrumao.
Los demandados sienten que no son ellos los que deben ser denunciados, sino la Conadi, que por años no ha regularizado y entregado las tierras a la comunidad y que lo que debe hacer el Estado en vez de demandarlos, es repartir el fundo que hoy día tiene Conadi ilegítimamente, pues durante los Gobiernos de la Concertación se traspasó a ese organismo el Fundo Weketrumao no para que la Conadi se quedara con él y luego demandara quienes viven allí, sino para hacer justicia con el derecho histórico de la comunidad huilliche y entregarlo.
Fuente: Soy el Trauko (05.03.2012)