Fotografía: Diario Austral de Osorno
Los últimos dos días de enero de cada año, de acuerdo al calendario ka mollfünche, pueden ser consideradas fechas de derrotas, que nos invitan reflexionar acerca de nuestro pasado y que, igualmente, nos invitan a revisar nuestras fallas históricas y presentes que como Mapunche no hemos podido superar, todo con el fin de lograr que en un futuro no muy lejano nuestro Pueblo/Nación pueda ejercer los derechos que ilegítimamente le han sido arrebatados.
La radicación en la Fütawillimapu
Con fecha 30 de enero de 1906 el estado de Chile decreta que la Comisión Radicadora establecida por la ley del 20 de enero de 1883 deberá operar en la entonces Provincia de Llanquihue. Necesario recordar que la ley de 20 de enero de 1883 (basada en la Ley de Radicación de 4 de diciembre de 1866) fue el instrumento “legal” para crear reducciones en las que los Mapuche de los últimos territorios libres fueron confinados para su exterminio a mediano plazo.
En términos reales la comisión radicadora operó entre 1912 y 1922 de manera muy restringida debido al evidente arrinconamiento provocado por el avance latifundario. Por otro lado, en comparación con otros territorios Mapuche, la radicación por Títulos de Merced en territorio Williche fue muy menor: de alrededor de 3.000 títulos entregados, 477 se entregaron en la zona de Valdivia (71.000 hectáreas) y 40 en la zona de Osorno (5.500 hectáreas). La superficie total de radicación “entregada” por el estado chileno a la Nación Mapuche bordearía las 550.000 hectáreas. Como es el caso de las comunidades del Pilmaiquén, los Títulos de Merced son un antecedente histórico y jurídico de la posesión Mapuche.
La radicación terminó hacia 1929, dos años después de que se decretara la división de Títulos de Merced mediante Ley 4.169 de 1927, reemplazada en 1931 por la Decreto 4.111.
El asesinato del Apo Ülmen Juan Marican Millan
Según se puede leer en la edición del 1 de febrero de 1956 del extinto diario La Prensa de Osorno, el día 31 de enero de ese año fue encontrado el cadáver del Apo Ülmen de Quilacahuín, don Juan Maricán Millán, el que presentaba cuatro puñaladas en el abdomen y el dedo pulgar de la mano derecha cercenado. De acuerdo al diario, el “sexagenario cacique” concurría regularmente a las autoridades chilenas para “plantear problemas de su reducida comunidad”.
En la edición del 5 de febrero del diario La Prensa, aparece una nota en la que se informa que después del funeral del Apo Ülmen Maricán, se eligió como cacique suplente a Bernardino Conapil Millán, quien junto a sus wesrkin y ngülamfo acordaron:
1. “Nombrar dos abogados para que se aboquen de lleno al sumario que se instruye por la muerte del cacique;”
2. “Solicitar el nombramiento de un juez indígena para San Juan de la Costa;”
3. “Designar una comisión que se entreviste con los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores para explicar el verdadero origen de los últimos y desgraciados acontecimientos, conforme informaciones telegráficas de adhesión recibidas de varios parlamentarios.”
En la edición del 22 de febrero, La Prensa sindicaba como hechores del asesinato a los Mapunche Felipe C. F. (18) y su padre Mauricio C. M. (47). Según La Prensa, ambos peñi, ya detenidos en la cárcel de Osorno, habrían confesado que “el cacique en reiteradas oportunidades los había amenazado con lanzarlos de la reducción y apropiarse de la escasa tierra en que habitaban […]”.
Si bien es posible que el cacique Maricán haya sido asesinado por miembros de su jurisdicción, en la oralidad ronda la idea de un asesinato por encargo, dado que hasta ese entonces el cacicado de Quilacahuín fue firme defensor de las escasas tierras Mapuche, estando siempre en conflicto con los misioneros de la Misión Quilacahuín y los usurpadores leupe lonko. Por parte de las autoridades osorninas se vinculaba a los Apo Ülmen de dicha zona con ideas políticas de «izquierda».
Miércoles 30 de enero de 2002: El día en que todos fallamos…
Sin duda nuestra más grande y triste derrota de las últimas décadas no fue tan sólo una consecuencia de la ambición de usurpadores de tierras ni de las políticas subsidiarias, subyugadoras y muchas veces etnocidas del estado de Chile… Fuimos nosotros mismos los grandes culpables de que en una batalla campal entre Mapunche hayan fallecido 5 de nuestros hermanos.
Aquel 30 de enero recordamos la “Matanza de Rucamañío”, herida abierta en nuestro territorio y entre las familias del sector quienes aún hoy en día eluden referirse al tema. Por respeto a ellos, no daremos los nombres de aquellos que partieron a “la otra tierra” y tampoco expondremos las posibles causas internas que motivaron el desenlace.
No obstante lo anterior, es ineludible señalar que la negación de la personalidad internacional de nuestro Pueblo y la usurpación de nuestro territorio son la causa primera de todo lo que hemos sufrido históricamente y en particular lo ocurrido en Rucamañío. Es por esto que la comunidad internacional debe reconocer nuestro derecho a la libre determinación y el estado de Chile devolver el territorio usurpado y reparar el daño causado en sus 200 años de existencia.
Por otro lado, hay responsabilidad de toda la institucionalidad creada a partir de la Ley llamada “Indígena” Nº 19.253 (1993) que debilitó nuestra cultura ancestral y nuestras autoridades tradicionales con la imposición de las comunidades jurídicas. En este contexto la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) aparece como el canal de comunicación entre nuestro y otros pueblos con el estado, siendo una entidad no prioritaria y carente de regulación, a merced de las disputas entre partidos políticos y fraudes de todo tipo, lo que redundó en que muchas asignaciones y compras de tierras se realizaran sin los estudios o investigaciones necesarias para evitar conflictos entre las nuevas “comunidades”. Rucamañío es la expresión más descarnada de esta situación.
Si bien es cierto que la Ley 19.253 crea un marco legal no acorde a la lógica Mapuche, los que tuvieron mayor responsabilidad en el desenlace fatal del 30 de enero de 2002 fuimos nosotros, los que decimos llamarnos el Pueblo Mapuche. ¿Por qué perdimos el respeto por nuestras autoridades tradicionales y los mecanismos de resolución de conflictos presentes en nuestro As Mapu? ¿Cuándo el beneficio de la comunidad jurídica se impuso al küme mongen de las müchulla? ¿Por qué no quisimos ver lo que se venía?
Sin la pretensión de ser generales después de la guerra, es importante recordar que en el Diario Austral de Osorno, con fecha 6 de enero de 2002, ya daba cuenta de la gravedad del conflicto y no hicimos nada al respecto.
A 10 años de Rucamañío, no es la intención de estas líneas buscar culpables o legitimar una posición en desmedro de la otra. La intención es despertar nuestra conciencia para entender que si bien la invasión española y chilena nos tiene hoy al borde de la extinción como Pueblo/Nación, es nuestro deber resolver nuestras diferencias en base a nuestro Kuifi Srakisuam y buscar formas de que nuestras diversas visiones y opiniones converjan (sin imposiciones) a objetivos comunes en beneficio de todos y todas.
En varios sectores de la Fütawillimapu y el Fillmapu existen conflictos latentes entre Mapuche, los que aún están a tiempo de resolverse de buena manera para que nunca más se repita una “matanza”… Para que nunca más volvamos a fallar.
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Referencias
Memoria Oral
Bulnes, Gonzalo: «Los Mapuches y la tierra. Política y legislación chilena respecto al pueblo Mapuche», PAS, Santiago, 1985.
Diario Austral de Osorno (ediciones de enero y febrero de 2002)
Carillanca, Carolina: «PRENSA Y POBLACIÓN HUILLICHE: Construcción de la «Otredad» a través del discurso del diairio La Prensa de Osorno. 1930-1973″, Editorial Universidad de Los Lagos, Osorno, 2010.
Foerster, Rolf y Vergara, Jorge: “Hasta cuando el mundo sea… Los caciques Huilliches en el siglo XX”, en Fütawillimapu, Osorno, 2002, Págs. 29-65.
Molina, R., y Correa, M.: “Las tierras huilliches de San Juan de la Costa”. CONADI. Santiago. 1998.