Con cierta frecuencia autoridades del Estado suelen aludir a la internacionalización del país como signo inequívoco de progreso y para probarlo describen lo mucho que los chilenos se van pareciendo a los europeos. Y aunque eso podría no ser otra cosa que un complejo de colonia cuyo referente no puede ser otro que la metrópoli es necesario admitir que Chile es un país integrado al devenir internacional abierto a los avances civilizatorios de los países capitalistas como lo pone en evidencia la importación de la noche de brujas desde Estados Unidos, que ya es celebrada como fiesta nacional. También hay que reconocer el avance en la diversificación de las exportaciones que de las materia primas y la universalización de dos de sus más grandes poetas se ha ido especializando en mandar al exterior otros bienes producidos por el modelo: han comenzado a traspasar las fronteras los conflictos internos producidos por el neoliberalismo a ultranza aplicado a la chilena en las últimas cuatro décadas.
Uno de ellos es el conflicto estudiantil pues la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) acordó solicitar la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que interceda ante el Gobierno para mejorar la educación en el país. Y hace poco acaba de ser presentada una denuncia ante organismos internacionales por torturas aplicadas a estudiantes por la policía durante las protestas.
Otro de los conflictos que se internacionaliza en el último año fue dado a conocer el pasado mes de agosto por los medios electrónicos informando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará a Chile por aplicación de Ley Antiterrorista a mapuches.
Por primera vez en la historia Chile será enjuiciado por violar las garantías fundamentales del pueblo mapuche al aplicar la Ley Antiterrorista a Aniceto Norín y Pascual Pichún, dos autoridades tradicionales del pueblo mapuche, en los procesos judiciales abiertos en su contra por encabezar la protesta social de sus respectivas comunidades en pos de sus reivindicaciones históricas.
La Ley Antiterrorista, cuerpo legal dictado para criminalizar la protesta social que se oponía al dictador, una de las primeras que debió ser derogada por los gobiernos democráticos o reemplazada por otra que cumpliera los estándares internacionales en la materia. Pero no sólo no ha sido derogada ni reemplazada, sino que su aplicación en contra de la protesta social mapuche se inició en el gobierno de Ricardo Lagos, fue aplicada durante el gobierno de Michel Bachelet y continúa siéndolo en el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que llama la atención es que sólo se invoca para reprimir la protesta social mapuche y eso merece ser dilucidado porque a primera vista parece un comportamiento racista. Así lo han calificado las organizaciones sociales mapuches, veedores internacionales y observadores locales en innumerables oportunidades. Igual percepción tiene el abogado Jaime Madariaga, que representa a los comuneros en el tribunal internacional, quién ha declarado a los medios de prensa que ha habido condenas de parte de los tribunales chilenos en que se ha presentado una discriminación racial en contra de los líderes mapuches, con la aplicación de los testigos sin rostro efectivamente se viola el debido proceso, y además la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares internacionales. “Por eso cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que esto ha ocurrido y decide llevarlo a la Corte es importante no sólo para reparar a las víctimas, sino que para garantizar a otras personas que esto no vuelva a ocurrir”, precisó el jurista.
Para el jurista esto constituye un hecho histórico cuya importancia radica en “que esta es la primera vez que una organización internacional como esta Comisión y eventualmente un tribunal de justicia internacional pueden condenar al Estado de Chile. Efectivamente ha habido informes y muchas denuncias en contra del Estado, pero sería inédito que se condene al Estado de Chile por violar la institucionalidad internacional”
Sin duda que los dirigentes chilenos tienen clara conciencia del racismo implícito en los procedimientos de la relación del Estado con los mapuches y no tienen ningún interés en erradicarlo, al contrario, les interesa mantenerlo y robustecerlo porque eso les asegura la mantención del predominio hispano-criollo en las relaciones interétnicas de dominación impuestas desde la colonia. Pareciera ser que en el ethos nacional chileno es claro que no es tolerable que en ninguna contienda salga ganando el mapuche, pues apenas hay un atisbo de que los mapuches pudieran ganar algo en alguna contienda los criollos reviven los fantasmas de la vergüenza de sus tatarabuelos españoles vencidos en batalla, porque se activan de inmediato los mecanismos de la simulación y la traición a la palabra empeñada, por un lado, y la aplicación de la fuerza bruta, por el otro.
Una de las consignas mapuches enarboladas durante sus manifestaciones públicas dice: “La recuperación territorial, la protección de nuestros espacios sagrados y la autodefensa no son terrorismo”. Y tienen razón, los actos mapuches de repudio a los atropellos de que son objeto no han involucrado jamás hechos de sangre, como sí ha ocurrido con la represión de los mismos en que hay tres jóvenes activistas asesinados por carabineros, denuncias de torturas al interior de carros policiales y de amedrentamientos a menores de edad hasta en el interior de las escuelas a las que asisten.
El gobierno de Chile, con muy pocas y honrosas excepciones, siempre ha tenido una línea invariable en su respuesta a las demandas sociales mapuches: la simulación de comprensión de la demandas por un lado y la aplicación de la represión por el otro. Ya no se estilan las matanzas como la de Forrahue o Loncoche de principios de siglo pasado en que la fuerza pública acribilló a familias completas para quitarles sus tierras y satisfacer la codicia de hacendados hispano-criollos, no obstante, la respuesta gubernamental a las demandas ciudadanas sigue siendo la violencia estatal, sin importar la violación de los derechos fundamentales de las personas. Y no es, como muchos pueden erróneamente pensar, solo durante los gobiernos de derecha –dictatorial como el de Pinochet o elegido democráticamente como el de Piñera- pues la criminalización de la protesta social mapuche con toda su carga de violencia policial, con aplicación de leyes dictatoriales, violación de leyes y hasta de convenios internacionales suscritos por Chile favorables a los indígenas, y con asesinato de jóvenes activistas mapuches, se inició durante el gobierno de Ricardo Lagos y fue diseñada por su ministro José Miguel Insunza (el actual Secretario General de la OEA). De modo que no se trata de solo el sector político más retrógrado, sino que obedece al ethos nacional chileno proveniente del colonialismo español del que la sociedad chilena es heredera. En efecto, el origen del conflicto está en la codicia del hispano-criollo la que siempre recibe el apoyo del Estado, podría afirmarse que el éste tiene como una de sus funciones garantizar que el codicioso hispano-criollo obtenga lo que ambiciona de los mapuches sin trabas.
La protesta social mapuche tampoco proviene de los últimos años sino que desde siempre. Combatió al conquistador aunque sin lograr expulsarlo de su territorio para terminar siendo vencido por el ejército chileno. Hay Memoriales, registros históricos de reclamos a las autoridades de gobierno, efectuadas por autoridades tradicionales mapuches desde el mismo momento en que se estaba efectuando la guerra de sumisión denominada con el eufemismo de Pacificación de la Araucanía. Y no existen registros de que estos reclamos hayan sido resueltos con medidas de beneficio a los reclamantes.
El único periodo en que pareció que las cosas iban a cambiar fue durante el momento fugaz de la recuperación de la democracia en que las fuerzas opositoras a la dictadura hicieron una alianza con las organizaciones mapuches, que se conoce con el nombre de Acta de Nueva Imperial, en que el candidato Patricio Aylwin se compromete a establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y los pueblos Indígenas. Y efectivamente durante su gobierno se inició un proceso democrático de participación indígena en el diseño de las políticas indigenistas del Estado. La Comisión Especial de Pueblos Indígenas, compuesta por representantes indígenas y delegados de organismos de gobierno, elabora “el paquete legislativo” compuesto por un borrador de ley que normaría esta nueva relación, una reforma constitucional y la ratificación del Convenio 169 de la OIT. El documento fue analizado por más de dos mil asambleas comunitarias, 15 congresos Provinciales y un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas. Democráticamente y en forma participativa los Pueblos corrigieron y aprobaron la propuesta que fue entregada al Presidente de la Republica en un acto solemne en Temuco. Pero la primera desilusión vino cuando en la Secretaría General de Gobierno se le hicieron los primeros cambios a la letra y al espíritu de la propuesta de ley; la segunda desilusión vino con los nuevos cambios que fueron hechos en el Congreso Nacional. Uno de esos cambios fue la defensa del racismo hispano-criollo que la propuesta de ley atacaba en su médula. En efecto, el borrador de nueva ley establecía el delito de ofensa cultural y la obligatoriedad de reformar la enseñanza de la historia cuyos contenidos tergiversan la realidad indígena e inducen a perpetuar la discriminación racial. Y luego llegó la decepción cuando el bloque de derecha no dio quórum para la reforma constitucional ni para la ratificación del convenio 169 de la OIT.
Pero el desencanto vendría después, cuando la ley comenzó a ponerse en práctica. Los mapuches esperábamos que el compromiso de Nueva Imperial fuera respetado por los gobiernos de la Concertación tal como lo había instituido el de Patricio Aylwin quien dio gestos políticos reales como fue el caso de la resolución definitiva del conflicto de Quinquén en que mediante una fuerte inversión de recursos públicos el Estado compró las tierras a los particulares que ostentaban títulos de propiedad y las otorgó a la comunidad que las reclamaba, pero no ocurrió lo mismo en el gobierno de Frei cuyo Ministro de Hacienda asignó un presupuesto exiguo que apenas si alcanzaba para financiar el funcionamiento de la CONADI, el organismo indigenista creado por la ley. Cuando el Director de esta entidad presentó ante Hacienda el presupuesto estimativo que permitiría resolver los casos más apremiantes del conflicto de tierras fue acusado de hacer una defensa sindical de él por un funcionario del ministerio y finamente el presupuesto asignado fue una quinta parte de lo que se había solicitado. Así la CONADI quedaba desprovista de poder real para comenzar a resolver los conflictos territoriales más apremiantes pues con el Fondo de Tierras era prácticamente imposible hacerlo. Después vino el conflicto generado por la construcción de la represa de Ralco en que el gobierno volvió a dar la espalda al pueblo mapuche resolviendo descabezar a la CONADI cambiando a los Consejeros de Gobierno y al Director Nacional para que la oposición a la construcción de la represa ejercida desde este organismo desapareciera como efectivamente ocurrió. Esto termina por desencantar a las comunidades más impacientes que inician un proceso de protesta social activo el que es severamente reprimido durante el gobierno de Lagos mediante la violencia estatal que incluye la aplicación de la ley Antiterrorista y la militarización de las zonas de conflicto que son hostigadas policialmente a diario. Para contrarrestar el efecto negativo de esta política simula establecer el diálogo como procedimiento para resolver el conflicto. Al efecto nombra una comisión presidida por el ex Presidente Patricio Aylwin que tras un exhaustivo análisis entrega una serie de valiosas recomendaciones para establecer un nuevo trato del Estado con los mapuches, ninguna de las cuales es transformada en política pública vigorosa, continuándose con los programas asistenciales cuyo propósito real nunca ha sido apoyar el desarrollo de las comunidades sino sólo poner en público la simulación de preocupación para obtener dividendos electorales. Los sucesivos gobiernos han contado y cuentan con la colaboración de los medios informativos que destacan las dádivas y silencian las golpizas aunque esto va perdiendo efectividad con la irrupción de las redes sociales de Internet y la emergencia de medios informativos electrónicos mapuches mediante los cuales se puede percibir con claridad que el “diálogo” es en la actualidad una verdadera guerra de baja intensidad en que agentes del Estado irrumpen casi a diario en las comunidades en conflicto con vehículos blindados rompiendo cercos, trancas y lo que se les interponga, disparando a las casas sin miramientos, sin importar que los proyectiles pudieran herir a niños, mujeres o ancianos, sin justificación alguna, sólo con el afán de amedrentar a las personas. Las imágenes que estos medios difunden muestran como entran a los patios de las casas disparando a mansalva.
Vistos así los acontecimientos lo que en realidad explica este comportamiento gubernamental no es otra cosa que el origen colonialista de la sociedad chilena y por consiguiente del Estado, en que éste se constituye en la fuerza que asegura el enriquecimiento de las elites ligadas al poder en desmedro de los más débiles. En efecto, la sociedad chilena tiene su origen en la apropiación mediante la fuerza de los territorios, bienes e independencia de los mapuches y demás pueblos originarios. Por ello los criollos, educados en ese modo de hacer las cosas, siguen y seguirán apropiándose de lo poco que aun les queda a los indígenas amparados en la fuerza del Estado. Es aquí donde cobra vigencia el planteamiento hecho por los pueblos indígenas en el borrador de la nueva ley tendiente a permear la educación nacional con contenidos apropiados, especialmente en la enseñanza de la historia real de despojo y discriminación de que han sido objeto los indígenas. A eso apunta la norma legal del artículo 28 que en el borrador tenía fuerza coercitiva configurando el delito de discriminación racial u ofensa cultural castigado con multa y que fue reemplazado por normas declarativas como la promoción del establecimientos de cátedras de cultura, historia y lengua indígena en las universidades, promoción que en 17 años de vigencia de la ley nadie ha realizado y que nadie realizará jamás pues conviene al ethos nacional chileno seguir siendo racista.
Al respecto vale la pena consignar que en la época del gobierno de Lagos en el Instituto de Estudios Indígenas desarrollamos un estudio de los contenidos de 18 libros de textos escolares utilizados en la educación básica por encargo del Programa de EIB del Ministerio de Educación. El estudio identificó y describió los rasgos racistas en cada uno de los discursos de cada complejo textual y elaboró recomendaciones de cómo sustituirlos por contenidos interculturales. Dos años después recibimos la visita de la Ministra de Educación Mariana Aylwin (en la actualidad una de las sostenedoras de colegios particulares subvencionados) y al preguntarle si los resultados de ese estudio estaban siendo utilizados para elaborar las bases de licitación en la adquisición de los textos escolares ella me respondió “con sinceridad le digo que no se está utilizando”. Esto ilustra una constante en el devenir del aparato estatal: aunque hay iniciativas y aperturas mentales de funcionarios y especialistas de las reparticiones públicas, en las esferas del poder donde se toman las decisiones siempre hay un racista hispano-criollo que cierra la puerta.
Las enseñanzas acumuladas en tantas décadas de decepciones debieran servir para convencer a cada vez más sectores mapuches de dos cosas importantes: primero, el indigenismo estatal es y seguirá siendo necesario para paliar en parte las paupérrimas condiciones en que se debaten las comunidades y familias indígena en Chile; y segundo, lo único que puede cambiar las cosas no son las leyes tramposas de un Estado hispano-criollo gobernado por el racismo (declarado o encubierto), sino la conformación de una fuerza política capaz de construir un proyecto político autónomo y autonomista y reunir en torno de él una fuerza social capaz de obligar al Estado chileno a conceder la autonomía política y territorial, único espacio en que la sociedad mapuche puede reconstruirse desde una perspectiva civilizatoria propia en la que operen los principios y valores mapuches sin las interferencias del racismo hispano-criollo.
Eliseo Cañulef Martínez
Noviembre de 2011