Imagen: El Ojo
Por Dennys Salazar Ñirrril.-
“Debe ser anulado”, así de tajantes fueron los voceros de la comunidades indígenas de la provincia de Osorno que ayer se reunieron para manifestar su completa negativa al próximo proceso de consulta indígena que implementará el gobierno de Sebastián Piñera según lo estipulado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pretende recabar la opinión sobre una serie de modificaciones respecto a las políticas públicas para los pueblos originarios.
La acción se enmarca dentro de los acuerdos tomados la pasada semana en la Mesa Provincial de Asuntos Indígenas, en la cual diversos dirigentes territoriales mapuche huilliche tomaron la determinación de comunicar públicamente su rechazo a la consulta indígena.
Según indicaron los presidentes de cada consejo comuna, el proceso y el enfoque de la consulta presentan una serie de vicios, que afectan la orgánica mapuche y la creada por lo misma Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), además de incluir dentro de las temáticas a consultar puntos con efectos totalmente trascendentes y sobre los cuales no se ha entregado la información necesaria, ni sus efectos.
Puntos muy trascendentes
Según Claudia Pailalef, presidenta del Consejo de Río Negro, según lo establecido por el derecho internacional, lo que se debe hacer primero es, “consultar sobre la consulta, consultar si los puntos a consultar son los correctos.Si no existe ese proceso entonces creemos que hay mala fe incluida, está viciado y no da garantías efectivas de participación de la comunidades”.
Pailalef explicó que a juicio de los dirigentes mapuche de la provincia, la consulta indígena involucra, en uno solo, cuatro proyectos muy importantes para el pueblo mapuche, como es el reconocimiento constitucional, la transformación de la Conadi en una Agencia de Desarrollo Indígena, la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y la vinculación de la consulta con estudios de impacto ambiental, que no debiesen tratarse tan a la ligera pues, “estamos hablando de derechos y no de temas banales”, argumentó la vocera.
Por todo esto es que la suspicacia reina en los mapuche huilliche, sobre todo en lo referido a la Conadi. En este sentido, Claudia Pailalef explicó que, “no existe certeza de qué pasará con el Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi. Con la llegada de la ‘Agencia’ no está claro cómo se llevará cabo. Creemos que se puede poner un candado a este fondo, sobre todo con el artículo 20- letra B, que tiene que ver con las reivindicaciones de tierra usurpadas”.
Organizaciones desconocidas
Para Elías Huanquilen, presidente del Consejo Comunal de Comunidades Indígenas de la comuna de San Pablo, la situación es de mala fe porque se utiliza una metodología de participación que pone más énfasis en lo individual que en lo comunitario, pues para poder participar en la Consulta la Conadi ha abierto un registro en el cual los interesados en participar pueden inscribirse, independiente de si pertenecen o no a organizaciones mapuche o los acuerdo que éstas hayan tomado.
“De qué vale tener organización si al momento de aplicar las metodologías, si al momento de tomar acuerdos no serán ellas las que tendrán el poder de tomar la decisión”, cuestionó Huanquilen, argumentando además que con ese tipo de acciones no se está respetando una orgánica creada por la misma Conadi, a través de asociaciones y comunidades.
Por todo esto, volvió a decir que se trata de un proceso donde hay mala fe. “Se quiere manejar la consulta a través de la participación individual, pues así se impide que a gente se organice y analice en conjunto esta situación”, recalcó.
Llamado
Por todo ello es que ambos dirigentes, acompañados por sus símiles de toda la provincia, hicieron un franco llamado a no participar en el proceso de consulta indígena. “Pero también queremos que el Gobierno lo detenga inmediatamente y que cree uno nuevo que nos entregue las garantías necesarias de participación y decisión”, dijeron.
En los próximos días enviarán todos los antecedentes recabados a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Planificación.
Fuente: El Ojo (15.06.2011)