El 85% de los predios entregados por la Conadi a los indígenas de la Novena Región no tiene riego ni agua para consumo humano. Plan especial pretende incorporar 10 mil de esas hectáreas al ámbito productivo.
Iván Fredes y Pablo Obregón
TEMUCO.- Las 71.169 hectáreas que han sido traspasadas por el Estado a mapuches de La Araucanía desde 1994 a la fecha -mediante subsidios colectivos e individuales- se transformaron en terrenos «comercialmente improductivos», y de ellos el 85% ni siquiera tiene agua para riego o para consumo humano.
Así lo revela un informe hecho público ayer por el Plan Araucanía, que realiza un diagnóstico de la situación de los predios entregados por la Conadi en la zona, y cuya superficie equivale al 57,7% de las 123.272 hectáreas de la zona urbana de Santiago. Al 2009, 6.516 familias indígenas habían recibido tierras en La Araucanía.
El documento agrega que existen 460 mil hectáreas en poder de mapuches con títulos de merced, entregados durante el proceso de radicación indígena entre 1860 y 1930, que no están regularizados en su dominio, por lo que sus propietarios no pueden acceder a instrumentos de apoyo productivo.
Falta de apoyo
«Los predios se entregaron con las llaves del portón, pero sin ningún tipo de acompañamiento. De hecho, nos encontramos con que recién el año pasado se asignaron 40 programas de Desarrollo Territorial Indígena», afirma Andrés Molina, intendente de La Araucanía.
«Lo único que se hace es extraer el bosque nativo, pero como no tienen planes de manejo de Conaf, lo hacen de manera ilegal. Es la única forma que tienen de subsistir y, por lo mismo, muchos predios están sin moradores», agrega.
A esto se suma, dice Andrés Molina, que el Estado entregó predios que están por sobre los mil metros sobre el nivel del mar en localidades de Curacautín Alto y en Panguipulli, por lo que se trata de tierras sin habitabilidad ni aptas para el cultivo.
En este escenario, el Plan Araucanía diseñado por la intendencia regional espera revertir parcialmente la situación de abandono de los fundos entregados a mapuches, con la incorporación de 10 mil de esas hectáreas al ámbito productivo en los próximos cuatro años.
Su objetivo es aprovechar todos los instrumentos del Estado en ámbitos como vivienda, riego, asistencia técnica y crediticia por parte de Indap y mejora en los caminos de acceso. Para ello, dice el intendente, se seleccionarán los predios con mayor potencial productivo según la calidad del suelo, disponibilidad de agua y de accesos, así como la existencia de proyectos de los propios mapuches, y se los acompañará en su desarrollo.
Para el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), Gastón Caminondo, el problema se originó en la falta de apoyo estatal después del traspaso de tierras, lo que «desparramó la pobreza en la región». Para resolverlo, propone un fuerte apoyo técnico, así como la posibilidad de que los indígenas puedan asociarse con sus vecinos mapuches o agricultores de la zona para la explotación de sus terrenos.
BENEFICIARIOS
Hasta 2009, 6.516 familias mapuches habían recibido tierras en la Región de La Araucanía.
Comunidades no acceden a subsidios
Ocho de cada diez mapuches en comunidades no tienen acceso a agua potable, aun cuando el Estado dispone de instrumentos para dotar de este servicio a la población rural en general. ¿Cuál es el problema con las comunidades indígenas? Que la propiedad colectiva e informal de la tierra dificulta el acceso a la mayoría de los subsidios estatales.
En base a este diagnóstico, el Gobierno pretende regularizar 15 mil títulos de derecho real de uso de suelo entre 2010 y 2014, lo que permitiría dotar de grados mayores de habitabilidad a estos predios.
La Ley Indígena permite a los mapuches entregar a sus descendientes derechos sobre determinadas porciones de su propiedad sólo para postular a subsidios habitacionales. Para otros efectos, esas tierras son prácticamente intocables.
La propiedad colectiva de la tierra tampoco permite acceder a fuentes de financiamiento externo. En esa línea, una de las ideas que está impulsando el Gobierno es que la Corfo entregue las garantías necesarias, dice el ministro de Planificación, Felipe Kast.
Como segundo paso -dice- se implementarán fórmulas para facilitar la integración productiva entre las comunidades, el Estado y los privados.
Fuente: El Mercurio (21.12.2010)