Imagen: Diario Austral
Setenta mil pesos deberán cancelar cinco de los siete comuneros mapuches formalizados por los daños que sufrió la Gobernación Provincial durante los incidentes ocurridos tras la marcha del pasado 29 de septiembre, que se realizaba en apoyo a los presos indígenas en huelga de hambre.
El monto se zanjó durante la audiencia de acuerdo reparatorio efectuada ayer en el marco del juicio simplificado, el que fue substanciado en el Juzgado de Garantía de Osorno.
La salida alternativa -no obstante- no fue aceptada por dos de los imputados. Se trata de Nibia Yefi y Rodrigo Henríquez, quienes alegaron inocencia. «Me acusan de haber roto los vidrios de la Gobernación, cosa que no fue así. Por eso decidí no aceptar el acuerdo reparatorio», sostuvo Yefi.
Por esta razón, ambos comuneros quedaron citados para una nueva audiencia en octubre de 2011, tiempo en el que no podrán ser detenidos de lo contrario serán condenados. La audiencia se llevó a cabo bajo la custodia de Carabineros, quienes resguardaron el ingreso al centro de justicia.
JUSTICIA MILITAR
Durante la manifestación de septiembre, nueve fueron las personas detenidas, de las cuales dos resultaron procesadas por la justicia militar debido a su presunta participación en las agresiones que sufrieron cuatro carabineros.
Se trata de Patricio Rumián y Camilo Aguas (20). Este último se encuentra desde aquella fecha en prisión preventiva en la cárcel de Osorno, siendo procesado por maltrato de obra a Carabineros con resultado de lesiones graves. El fiscal militar, José Manuel Baquedano, le otorgó la libertad bajo fianza a inicios de mes, sin embargo, la Corte Marcial con asiento en Santiago revocó la resolución de primera instancia negando la libertad.
Por esta razón la defensa de Aguas busca la apertura del sumario y, de esta forma, solicitar nuevamente la libertad del procesado. Recordemos que el Congreso Nacional aprobó las modificaciones a la Juticia Militar, que obligará a los tribunales castrenses en un tramo de seis meses a traspasar todas las causas que involucren a civiles a los juzgados ordinarios.
Fuente: Diario Austral (19.10.2010)