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La aprobación unánime en el Senado -OJO CONGRESO NACIONAL- de las modificaciones a la Ley Antiterrorista es un punto de inflexión para la huelga de hambre que llevaban adelante un grupo de comuneros mapuches.
La tramitación legislativa resultó particularmente compleja por una razón muy simple: Parlamentarios de la Concertación impulsaban modificaciones que en la práctica implicaban desmantelar completamente la Ley Antiterrorista para conseguir que los comuneros depusieran su huelga. Era… “el precio que había que pagar” para alcanzar tal propósito.
Ello era un doble y grave error. En primer lugar, porque nunca es razonable para lograr un objetivo determinado y acotado (terminar con la huelga) utilizar un mecanismo (la ley) por definición de carácter general y de amplios y permanentes efectos.
En segundo lugar, porque nada asegura que tal concesión extrema, cuya contrapartida era dejar al país inerme frente a futuros atentados de carácter terrorista (cuando en todos los países del mundo- incluida España, cuyo gobierno socialista es siempre un referente para la Concertación, las leyes se refuerzan) fuera a lograr que la huelga se levantara.
Más aún, en los últimos días la extrema intransigencia de algunos cabecillas huelguistas empezó a volcar la opinión pública en su contra. La exigencia de sentar a una mesa a “todas las autoridades del Estado”, incluido el Poder Judicial fue la gota que rebalsó el vaso de las peticiones racionales.
Utilizar procesalmente los avances gestados a partir de las modificaciones legales, recalificar las querellas cuando ellos se justifique, persistir en el diálogo y avanzar con el acelerador a fondo en el “Plan Araucanía” son esfuerzos que pueden lograr que aparezca la luz al final del túnel.
Fuente: El Vacanudo (04.10.2010)