Fotografía: El Presidente Sebastián Piñera visitó el viernes la propiedad donde se produjo el atentado que costó la vida del matrimonio. Junto a las ruinas de la casa, dialogó con la familia de las víctimas. | Presidencia
La compra de predios agrícolas y su posterior entrega a las comunidades mapuches estuvo durante años en el centro de las políticas estatales sobre la materia. El actual Gobierno considera que hasta el año 2009 dicho mecanismo fue empleado de manera «discrecional».
Según el Ejecutivo, lo anterior se tradujo en que algunas de esas tierras terminaron en manos de comunidades que validaban la violencia como un instrumento para alcanzar sus propósitos.
Uno de esos predios es el fundo Santa Margarita, cercano al predio Lumahue, donde perdieron la vida Werner Luchsinger y su señora (ver nota relacionada).
Los mismos antecedentes indican que bajo el mandato de Michelle Bachelet se favoreció por idéntica vía a por lo menos otros cuatro grupos conflictivos.
Es el caso de la comunidad Antonio Panitrur de Collipulli, que entre 2004 y 2005 recibió 135 hectáreas. Sus integrantes protagonizaron en 2009 una toma en la Gobernación de Malleco.
También resultaron beneficiados los comuneros de Chequenco-José Millacheo. Algunos de sus miembros se vieron involucrados en la quema de un camión en el sector de San Ramón, comuna de Ercilla.
La comunidad Juan Collio, también de Ercilla, recibió tierras, aun cuando tomó parte en la ya mencionada toma de la Gobernación de Malleco.
La nómina que maneja La Moneda incluye también a la comunidad Juana Millahual de Contulmo. A ella pertenecen algunos activistas vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo que está detrás de algunos de los atentados más violentos ocurridos durante los últimos años en La Araucanía.
La actual administración cuestiona, además, que la cesión de tierras no se haya asociado en períodos anteriores a un plan de desarrollo productivo, ni a mejores condiciones de habitabilidad en esos mismos predios.
Bajo la presidencia de Sebastián Piñera, las comunidades indígenas han continuado recibiendo tierras.
Las autoridades, sin embargo, han tratado de vincular el beneficio a la productividad y el emprendimiento.
Al reorientar la entrega de tierras, la actual administración ha intentado distanciarse de un enfoque «asistencialista».
En esa línea, este año se creó un «Banco Mapuche». La iniciativa considera un fondo de US$ 10 millones destinado a créditos para el emprendimiento.
La Conadi tiene previsto, además, generar un sistema de crédito rotatorio para las comunidades. El mecanismo se estructurará a partir de una alianza en la que participa el Banco Interamericano.
La Moneda mantiene en carpeta, a su vez, otros planes para enfrentar el problema desde una perspectiva «institucional».
Una de las opciones es crear una Agencia de Desarrollo Indígena que reemplace a la actual Conadi.
Si la idea se concreta, el organismo se convertiría en un servicio de perfil «ejecutor y técnico».
También se baraja la alternativa de instaurar un Consejo de Pueblos Indígenas. El organismo asesoraría al Estado en el establecimiento de las políticas aplicables en el área.
Fuente: El Mercurio (06.01.2013)
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