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Fotografía: Las presentaciones realizadas por privados en el río Maicolpi fue una de los primeras solicitudes que causaron el rechazo de las comunidades huilliches que piden resguardar el recurso

Mas de un centenar de solicitudes de derechos de agua -que abarcan a caudales que cruzan territorio indígena- mantienen en alerta a los comuneros de la provincia y a las autoridades.

Hanaan Hernández – cronica@australosorno.cl

«Ahora nadie puede decir que son los mapuches quienes venden el agua. Los de ahora son más frescos que los antiguos usurpadores de la tierra». De esta forma, resume el representante del Cacicado de San Juan de la Costa, Efraín Antriao Marileo, el conflicto que enfrenta a comunidades huilliches de la provincia de Osorno y los empresarios que piden permisos para intervenir algunos caudales que cruzan por sus tierras. Una situación que mantiene en alerta a las comunidades y, también, a las autoridades locales que ven en el «conflicto por el agua» un posible foco de problemas en el territorio.

Efraín Antriao muestra la carta que el pasado miércoles enviaron a La Moneda. En ella, se sintetiza el conflicto y se pide al Presidente de la República, Sebastián Piñera, intervenir e impulsar una legislación que resguarde los recursos de los ríos que atraviesan o colindan con territorios ocupados por las comunidades.

Según los antecedentes de la Dirección General de Aguas (DGA) de Los Lagos, durante los dos últimos años se generó un aumento explosivo de las solicitudes de derechos de agua no consuntivos, es decir, aquellos con fines energéticos.

Actualmente hay unas 130 solicitudes de derecho de agua ingresadas en la provincia de Osorno, todas relacionadas a la habilitación de centrales de paso para la generación eléctrica, la mayoría además impactan caudales que nacen y mueren en territorios donde hay asentamientos huilliches.

DEMANDA

El director regional de la DGA, Miloslav Gardilcic, indicó que más allá de los problemas de sequía, la explosión que han tenido las solicitudes de agua se debe a que diversas áreas económicas requieren energía para aumentar su desarrollo productivo.

Una factor que se conjuga con problemas de suministro de agua que sufren algunas de las localidades de San Juan de la Costa, que es precisamente las comuna donde aparecieron los primeros reclamos.

Se trata de un conflicto que para el diputado por el distrito 55, Javier Hernández (UDI), se debe abordar inmediatamente antes de que se expanda a más comunidades.

«Esto va a ir creciendo. Ya vemos cómo en la zona norte el asunto está en estado crítico, por lo mismo no queremos que eso se replique en nuestra zona», señala el legislador.

Es en el ámbito legal que las comunidades indígenas se sienten en desventaja, ya que no cuentan con los derechos adquiridos sobre los caudales que cruzan sus tierras.

«Es imprescindible que las personas pidan los derechos de agua si necesitan utilizarlos; y si no hay disponibles, ver una forma para poder conseguirlos», sostiene Gardilcic.

Frente a este conflicto, el experto en Interculturalidad de la Universidad de Los Lagos (ULA), James Park, explica que históricamente las comunidades indígenas fueron desplazadas hacia territorios menos productivos y con menores recurso hídricos. «Por lo mismo, sienten más la utilización de agua por un tercero», dice.

Efraín Antriao cree que la DGA, antes debe resolver las solicitudes ingresadas, debería consultar a las comunidades previo a entregar los permisos.

En Chile, la tramitación de estos permisos se realiza de forma separada a la propiedad de la tierra. «Nosotros vemos el territorio como parte de un todo: tierra, agua y parte aérea. La legislación chilena no es así, todo está fragmentado», dice la consejera indígena Claudia Pailalef, apuntando al Código de Aguas de 1981, que establece que las tierras y la utilización de caudales se regulan a través de un marco legal diferente.

DENEGACIÓN

La comunidad de Maicolpi, en San Juan de la Costa, el pasado 13 de marzo fue la primera en colocar una voz de alerta, después de enterarse que el río del cual tomaron el nombre y que actúa como frontera del lugar donde se asientan, sería intervenido en ocho puntos por la empresa Energías del Sur.

Luego de varias reuniones con las autoridades locales y una carta entregada al ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne en su visita a Osorno, se les informó que el permiso fue denegado.


Fotografía: Comunidades indígenas mantienen constantes reuniones para analizar el impacto que generaría la intervención de los caudales

Pese a la noticia, no están tranquilos. «Esta solicitud fue denegada por un problema de forma y no de fondo», explica la asesora legal del Comité de Agua de la provincia de Osorno, Ada Fridericksen.

Apunta a que la Dirección Regional de Aguas determinó que las solicitudes ingresadas no se ajustaban a la norma, porque los documentos que les fueron entregados, a nombre de Alejandro Augusto Ponce Pinochet, al momento de ser publicadas se hicieron a nombre de la empresa a la que Ponce presta asesoría técnica.

«Sin embargo no existe ningún impedimento para que se presente otra solicitud en el mismo punto y por el mismo privado, sólo debe ajustarse a la norma», aclara por su parte el director regional de la DGA en Los Lagos.

Así la solicitud de agua que ingresó Augusto Ponce no respetaba el artículo 131 del Código de Aguas que exige que la solicitud debe ser publicada íntegramente como se hace en la presentación recepcionada en la Gobernación Provincial, lo que en este caso no ocurrió.

Fridericksen comentó que la determinación de la DGA les permite «tomar ventaja» de los privados que quieran solicitar derechos, ya que ellos hoy se encuentran tramitando varios derechos sobre puntos del río Maicolpi.

El vocero de la comunidad de Maicolpi, Jaime Lefián, dijo que se trata de un «rechazo parcial», pero que aún existen riesgos, por lo que esperan que el privado no insista.

Sobre la posibilidad de rechazar o entregar solicitudes de aguas a caudales de ríos que se encuentren en territorio indígena, Gardilcic manifestó que no existe normativa que impida a un privado solicitar u obtener derechos de agua, en territorio mapuche-huilliche.

Sin embargo, la posición de Gardilcic fue desestimada por Fridericksen, quien afirmó que en el Convenio 169 que Chile firmó con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), se determina que se debe hacer una consulta previa antes de la entrega de estos derechos, si los caudales requeridos están o afectan territorio ocupado por comunidades indígenas.

Sobre el convenio con la OIT, el diputado Hernández manifiesta que se ha avanzado bastante ene el respeto de sus disposiciones, sostiene que los representantes del organismo así lo han constatado.

Hernández , en todo caso, indica que se debe buscar una fórmula para aunar el interés por el desarrollo eléctrico del país y el de las personas.

ALERTA TEMPRANA

Pero el conflicto está lejos de llegar a su término. Durante la semana pasada, se publicó un requerimiento de derechos de agua ingresado por Bernardita Garín, donde se pide el uso de un caudal de la provincia en 35 puntos de la provincia.

El Comité Indígena de Agua informó que no fue notificado de esta nueva presentación, lo que calificaron como una falta de compromiso por parte de la Gobernación Provincial.

Afirman que entre los acuerdos tomados en la mesa territorial que se reunió en la Gobernación recientemente, las autoridades osorninas se comprometieron a que cada 15 días se entregaría un informe con las nuevas solicitudes. «No se ha hecho, hay responsabilidad política de las autoridades en esto, ellos sostuvieron un acuerdo a viva voz con nosotros», asegura Claudia Pailalef. Sobre este punto, el diputado Hernández dijo desconocer si un compromiso de este tipo, efectivamente, se tomó en esta instancia.

«Yo por lo menos no estaba presente. Si se tomó y no se cumplió, es lamentable y habrá que cobrarle la palabra a quienes lo hicieron», recalcó.

La situación será discutida mañana en la mesa territorial que abordará las solicitudes ingresadas en la zona y que se efectuará en la Gobernación, asistirán los representantes de las comunidades y el director regional de la DGA.

MESAS INDÍGENAS DE OSORNO

La instancia de diálogo entre autoridades y comunidades indígenas de la provincia de Osorno fue instaurada durante la gestión del ex gobernador Bernardo Candia (2006-2010) y mantenida por el actual jefe provincial, Rodrigo Kauak. En las mesas territoriales, se discuten diversos temas que afectan a las comunidades, entre ellos problemas de propiedad, difusión de la cultura mapuche-huilliche y conflictos de diversa índole, como la falta de suministro de algunos recursos. En la mesa indígena, se origina también el Comité de Agua, que está integrado por un área técnica (asesores jurídicos), autoridades religiosas y representantes de comunidades de la zona.

TERRITORIO

  • Río Damas hasta el río Las Canoas, es el territorio que las comunidades mapuche-huilliche reclaman como propiedad.
  • Desde Bahía Mansa hasta Purranque abarca la solicitudes de agua ingresada por Bernardita Garín, en la provincia de Osorno.
  • Trafunco y Maicolpi no serán intervenidos por ahora con centrales hidroeléctricas de paso, luego de resolución de la DGA .
  • 100 solicitudes de derechos de agua en Osorno se encuentran fuera del plazo de apelación.

«No existe ningún impedimento para que se presente otra solicitud en el mismo punto, por el mismo privados»
Miloslav Gardilcic
Director regional DGA

«Esto va a ir creciendo, ya vemos como en la zona norte el asunto está en estado crítico, por lo mismo no queremos que eso se replique en nuestra zona»
Javier Hernández
Diputado distrito 55

Fuente: Diario Austral de Osorno (07.05.2012)


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