Fotografía: Diario Austral de Osorno
Los cinco huilliches muertos que dejó la matanza entre comuneros cumplió diez años y la disputa por la tierra que originó el conflicto aún no se cierra del todo. La Conadi sigue en el foco de las críticas como responsable indirecta del fatal episodio.
Venían armados con palos, hachas y escopetas (…) Apenas entraron, se fueron encima de mis padres, y en diez minutos los mataron a palos, dejándolos botados en el pasto».
Esto fue parte del testimonio de Rosario Lefíán Marileo, quien señaló que en ese instante se encontraba en el interior de su casa cuando a las 13 horas del miércoles 30 de enero de 2002 escuchó gritos que venían desde afuera. «Eran los Cumilef Llanquilef», familia con la que mantenían una disputa territorial desde 1996.
Tras recibir una brutal golpiza, los ancianos Luciano Lefián Naguil y María Marileo Huenuñán ambos de 84 años, cayeron moribundos al suelo de la pradera, mientras pastoreaban en Rucamañío, sector que forma parte ahora de la comunidad Choroy-Traiguén, en Pucatrihue, San Juan de la Costa.
Al escuchar gritos, sumados a disparos, un hermano de Rosario, Erico (50) y su sobrino, José Panguilamún (30), salieron a ayudarlos, corriendo la misma suerte de sus familiares, pues la superioridad del grupo era aplastante. «También los mataron a palos», señaló Rosario. Asimismo, la sangrienta riña que duró más de media hora, costó la vida de uno de los agresores, Víctor Lemuy Mellillanca (60), quien recibió un disparo.
La batalla fue motivada por conflictos de convivencia y por la tenencia de tierras, las mismas que hace más de 500 años compartían sin grandes sobresaltos, en medio de una naturaleza salvaje, profunda como el verde de sus montañas, árboles nativos y arenas blancas bañadas por el pacífico. Todo un paraje idílico, que se volvió triste, sombrío y cadavérico ese 30 de enero.
Tras la tragedia, hubo detenidos, quienes quedaron a disposición del Tercer Juzgado del Crimen de Osorno, mientras que otros dos, estuvieron por un tiempo en el Hospital Base, mientras se reponían de sus heridas. Además, durante los días posteriores otros siete huilliches estuvieron prófugos. Al finalizar el juicio cuatro participantes recibieron sentencia, entre ellos José Florentino Cumilef Llanquilef, quien oficiaba como secretario de la comunidad indígena Choroy-Traiguen.
POR LA MADRE TIERRA
Esta histórica masacre entre dos familias huilliches tuvo su origen en 1997, por el traspaso de 5.107 hectáreas del predio fiscal Pucatrihue a la comunidad Choroy-Traiguen, sin que se consideraran los derechos ancestrales sobre 600 hectáreas de la familia Lefián Marileo, reconocidos ante los tribunales de justicia.
La familia Lefián Marileo denunció a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) como la principal responsable de la disputa territorial con el clan Cumilef Llanquilef, con cuyos integrantes ya poseían antecedentes previos de violencia, y donde un grupo de ambas familias fueron multados con una UTM por parte del juez Ignacio Sierpe Gutiérrez, del Juzgado de Policía Local de Osorno, por el delito de «causarse lesiones leves en riña».
Este hecho se remonta al 17 de octubre de 2000, cuando un parte de la Tercera Comisaría de Carabineros, asignado con el N° 527, denuncia a Eduardo Ancapan Báez, Arsenio Lefián Marileo, Erico Lefián Marileo, Juan Lefián Marileo, Florentino Cumilef Llanquilef y José del Carmen Maripán Epuyao, de haber participado en una riña y agredirse. Este antecedente fue suficiente para encender las alarmas, ya que era sin duda un conflicto que estaba madurando y que más temprano que tarde iba a explotar.
Así, el 2 de enero del 2002, cerca de las cuatro de la madrugada, Juan Antonio Lefián Marileo, quien estaba en su casa en Rucamañío, junto a sus dos hijos de 15 y 18 años, fue víctima de un violento asalto de a los menos 18 personas. «Los sacaron a golpes de su cama y desnudo, conjuntamente con sus hijos, lo continuaron golpeando entre todos con ensañamiento, provocándole contusiones y fracturas múltiples, procediendo a dejarlo botado en el camino y apoderándose de su casa habitación y de sus bienes y animales», consignaba la querella por asalto presentada el 8 de enero en el Tercer Juzgado de Letras de Osorno.
Fotografía: Cristian Higueras
Quien fue testigo privilegiado de estos hechos, fue el ex parlamentario y abogado Américo Acuña, quien representó a los Lefián Marileo, tanto en este ataque, como en la posterior matanza. De acuerdo a Acuña, la investigación nunca tuvo un final acorde a las circunstancias que se vivieran. Al final, dice, esta situación fue calificada por los Tribunales como confusa y nunca se pudo determinar con claridad cómo fueron los hechos delictuales. «Estaba claro que se decidió en algún momento, poco menos que expulsar a los Lefián Marileo de Rucamañío; porque esta gente nunca se integró a la comunidad. Ellos reclamaban el fundo de Rucamañío, ya que lo estaban trabajando desde épocas ancestrales y se mantenía la raíz familiar», expresó el abogado, en conversación con El Austral.
ROL DE LA CONADI
Para el abogado, aquí el gran responsable político fue la Conadi, a la que califica de torpe en su accionar, sin tener el tacto ni la suficiente capacidad para prevenir y evitar un hecho de esta naturaleza, que a todas luces estaba en un punto de ebullición. «La Conadi, en una política muy torpe en su época, integró esos fundos en un gran paquete de tierras fiscales, y se las cedió a una comunidad: la Choroy Traiguén, que es la que se constituyo y legalizó, por lo que lograron obtener esos títulos», plantea el ex diputado.
Si bien estaba dentro de la legalidad dicha medida, lo cierto, sostiene el querellante en ese entonces, hubo un «gran desacierto por parte del gobierno de esa época» a través de la Conadi, porque había un foco de rencilla, pasándose a llevar una historia constatada.
Por aquella época de 2002 el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, responsabilizó directamente a la comunidad Choroy-Traiguén, propietaria de la gran mayoría de los terrenos en litigio, de no haber tenido la voluntad suficiente para lograr conciliación alguna sobre la disputa.
«Que a estas alturas del Siglo XXI se resuelvan los problemas de tierra mediante este mecanismo no tiene justificación alguna. Nos deja acongojados porque se trata de algo muy grave. Claramente la parte que tiene la mayoría de los terrenos (Choroy-Traiguen) no ha dado muestras de buena voluntad», dijo.
CICATRICES
A una década de las cinco muertes, el tema de la tenencia de tierras aún no ha sido zanjado del todo por parte de la Conadi, a la que acusan de estancar la entrega de títulos de dominio, que repercute negativamente en las familias, ya que no pueden postular a subsidios rurales.
Por ello, el pasado 29 de noviembre las dependencias del organismo público en Osorno estuvieron tomadas por más de cinco horas por la misma Comunidad Choroy-Traiguén, que busca -de manera definitiva-, la división de los terrenos que ellos mismos habían obtenido para el grupo de familias que la integran.
La presidenta de la agrupación, Teresa Maripán, explicó durante la movilización que hay gente que no pertenece a la comunidad y que están pidiendo la parcelación y entrega de escrituras a cada una de las 80 familias, que suman cerca de 300 personas. «Se nos dejó $45 millones para trabajar y a la fecha no sabemos qué pasó con el dinero», dijo la dirigente.
RECUERDOS
Respecto a la conmemoración de los 10 años de los hechos de Rucamañío, Teresa Maripán manifestó no estar preparada para hablar de lo sucedido, ya que está inserta en un trabajo que podría zanjar el tema que llevó al conflicto. «Estamos en plan de término de la subdivisión. Esto viene a mejorar y aclarar algunos temas que llevaron a la tragedia. Estamos en los aspectos finales. Todas las familias están involucradas», detalló brevemente.
Por su parte, Víctor Altamirano, encargado de tierras de la Conadi, reconoció que el proceso ha sido difícil, que hoy se está en un pie distinto y que llevará a la entrega de títulos a las familias.
«Por lo que tengo entendido, la comunidad Choroy-Traiguén posee el registro de dominio y está reconociendo la ocupación de las familias que no pertenecen a ella. De acuerdo a eso se está terminando un trabajo de subdivisión», afirmó el personero.
Producto de la última toma ocurrida en noviembre, el próximo mes debería estar listo el trabajo topográfico y de mensura, por lo que se estaría en condiciones de elaborar las respectivas escrituras. Proceso en el que está la familia Lefián Marileo, quienes, de acuerdo a Altamirano, van a seguir un proceso de reivindicación territorial, a través de la ley indígena.
«Si la tierra es insuficiente para ellos, tienen la posibilidad de reivindicar un territorio y reclamar por qué sus terrenos han sido reducidos», aclaró.
En tanto, otra de las personas que ha estado cerca de esta historia, es la concejal de San Juan de la Costa, Olga Llaitul, quien dice que lo ocurrido en Rucamañío no debe [el artículo está inconcluso en la fuente]
Historia de propiedad
En 1847, amparados en la falta de regulación que existía para la adquisición de tierras en la zona, los primeros particulares se apropian de extensas porciones en San Juan de la Costa. La Unión y los llanos de Osorno. Francisco Cristóbal Kindermann y Juan Renous, inscriben a su nombre casi toda la zona cordillerana a través de los predios Llesquehue y Cordillera de Río Blanco, los que deslindaban desde el río Llesquehue por el norte hasta Hueyusca por el sur, por el este la cordillera y por el oeste el océano Pacífico.
Fuente: Diario Austral de Osorno (05.02.2012) [Requiere registrarse en «El Mercurio S.A.P»]
Más información
Fütawillimapu: Miércoles 30 de enero de 2002: El día en que todos fallamos
Fütawillimapu: Paislobo: Autoridades brillaron por su ausencia en recordatorio a víctimas de Rucamañio
Kuifi Nemül’ (Palabras Antiguas), Historia Mapuche Williche [PDF]