Fotografía: Entrega del Espacio Marino de Pueblos Originarios en Punta Capitanes | Gobierno de Chile
TC verá recurso que impugna Ley de Pesca por no considerar derechos indígenas:
Gobierno inicia entrega de áreas de mar a mapuches de la costa
En 2008, el Estado les entregó derechos sobre espacios marinos y costeros a las comunidades indígenas.
Pablo Obregón
El conflicto indígena no sólo se presenta en la tierra. La próxima semana, el ministro de Economía, Pablo Longueira, deberá entregar 104 hectáreas de borde costero a un grupo de mapuches de la costa (lafquenches).
La superficie ubicada en la zona de Punta Capitanes, en la comuna de Fresia, es la primera área que el Estado entregará a comunidades indígenas para uso pesquero. Todo esto, bajo el alero de la denominada Ley Lafquenche, que se creó en 2008 y que, en la práctica, reconoció derechos sobre espacios costeros a las comunidades que así lo reclamen.
En algunos casos, las áreas se entregan para explotar los recursos pesqueros y en otros para realizar rituales religiosos. Todo, en virtud del uso histórico que esas comunidades hayan hecho de esas áreas.
Esta norma mantiene en vilo la promulgación de la Ley de Pesca, recientemente aprobada por el Congreso, puesto que un grupo de parlamentarios de oposición, encabezados por el diputado Sergio Ojeda (DC) en alianza con organizaciones indígenas, presentó un requerimiento el 21 de diciembre de 2012 ante el Tribunal Constitucional (TC) para bloquear la promulgación de este cuerpo legal. El viernes, el TC resolvió que el recurso es admisible y ahora deberá estudiar el fondo del asunto.
El recurso se presentó bajo el supuesto de que la Ley de Pesca no toma en cuenta los derechos establecidos por la denominada Ley Lafquenche.
Este conflicto que se presenta hoy fue previsto durante la tramitación de la Ley Lafquenche. En 2007, los entonces senadores Andrés Allamand y Pablo Longueira hicieron ver que esta iniciativa chocaría con otros intereses.
Artesanales e industriales
La Ley de Pesca reconoce la figura de los pescadores artesanales e industriales, pero no menciona como un tercer actor a los indígenas, señala el dirigente de la Identidad Territorial Lafquenche, Miguel Cheuquemán. «En la práctica, esto significa que una comunidad podría recibir un espacio costero, pero sin cuotas de pesca establecidas. Podría realizar actividades religiosas, por ejemplo, pero no extraer los recursos. Eso es como si a los indígenas de la tierra les entregaran un fundo donde pueden hacer de todo, menos sembrar».
La asesora del Ministerio de Economía, Mónica Ríos, tiene una interpretación diametralmente opuesta. Considera que ambas leyes son perfectamente compatibles y que los espacios costeros que los indígenas eventualmente reciban pueden ser utilizados de acuerdo al uso histórico que sean capaces de acreditar: «No todos los espacios son solicitados para usos pesqueros, sino religiosos, recreativos, etc. Si los indígenas quieren realizar actividades pesqueras, tienen que hacer un plan de manejo como cualquier chileno, asegurando la conservación de los recursos comprendidos en él. En el fondo, en ese plan de manejo se les va a decir qué pueden extraer como a cualquier chileno».
Lo que pretenden los indígenas -así lo hicieron ver a través de cuatro indicaciones que propuso la organización Identidad Territorial Lafquenche en la Cámara de Diputados- es que la Ley de Pesca los reconozca como un tercer actor de la actividad pesquera, distintos a los artesanales e industriales.
«Estamos empezando en Punta Capitanes y el plan de manejo va a decir que pueden sacar determinados recursos dependiendo de los sistemas de pesca, de los botes, redes. Lo importante es que ese espacio se entrega para uso pesquero, pero no queda bloqueado para otras actividades; puede haber libre navegación», detalla Mónica Ríos.
Y si una comunidad recibe un espacio costero para uso religioso -agrega- no significa que los pescadores artesanales (no mapuches) no puedan sacar recursos de ahí.
La primera instancia que evalúa las solicitudes de espacio costero es la Conadi. Luego, esta entidad entrega un informe que es revisado por una comisión integrada por la Subsecretaría de Pesca y la Armada, entre otras instituciones: «Prevalece lo que determina la comisión. Si la Conadi acredita uso de cinco mil hectáreas, la comisión tiene derecho a decidir que les va a dar sólo cien, o quinientas. No es vinculante la decisión de Conadi, es un antecedente necesario, pero la decisión se adopta tomando en cuenta todos los intereses de la región, como la infraestructura necesaria para su desarrollo», añade la asesora del Ministerio de Economía.
En diciembre, la comisión revisó cuatro solicitudes y aprobó la entrega de 530 hectáreas de borde costero en Coldita y 164 en Huentetique (en el archipiélago de Chiloé). A la vez, rechazó solicitudes en Mahuidantu y Pargua, en la misma zona.
Quedan pendientes 31 solicitudes, que van desde el Golfo de Arauco hasta Los Lagos y que totalizan unas 733.412 ha de mar.
Determinación de cuotas
Las indicaciones que presentaron las organizaciones indígenas no acogidas en el Congreso planteaban, entre otras cosas, que los pueblos originarios deben recibir un porcentaje de los recursos pesqueros en virtud de su condición de indígenas; además, proponían que las organizaciones indígenas debían estar representadas en las instancias en que se administran las cuotas globales de pesca.
«Nosotros tenemos derecho garantizado a un territorio, pero no a una cuota. Esto se resuelve, en parte, creando un registro especial de pesca para los lafquenches», dice Cheuquemán.
En la misma línea, el diputado Ojeda plantea que algunos de estos problemas se podrían haber evitado si el Gobierno hubiera diseñado la Ley de Pesca considerando la opinión de los lafquenches a través de una consulta, que es lo que establece el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile: «Hubo un acto violatorio de los derechos que tienen los indígenas y que el mismo Estado de Chile ha reconocido en los convenios que ha suscrito».
Fuente: El Mercurio (06.01.2013)
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