Hasta Puerto Saavedra (comuna que lleva el nombre del general que encabezó la “Pacificación de la Araucanía” Cornelio Saavedra), arribaron organizaciones locales de pescadores mapunche de la Fütawillimapu donde discutieron la situación extractivista del Mar que tiene como agente depredador la pesca industrial muy bien amparada la Ley de Pesca que presentara Pablo Longueira, apoyado y financiado por dichas compañías.
Cuando los pescadores artesanales comenzaron a ver la escasez de la merluza, el róbalo, la sardina, la sierra y otros pescados y mariscos, tuvieron en la jibia un espacio para sostener la actividad y seguir la existencia de las caletas, sin embargo la industria echo el ojo también al molusco cefalópodo creando un escenario de catástrofe con fecha de extinción para la pesca artesanal.
¿Y los ríos y los lagos?
Según el vocero williche de los pescadores artesanales mapunche con presencia en la Identidad Lafkenche, Miguel Cheuqueman, “desde la identidad lafkenche no hay demanda porque eso sería pedir, se está trabajando por la anulación de la ley de pesca que ha creado un reglamento con la intención de limitar la ley lafkenche”.
En la Fütawillimapu, las salmoneras son las más visible en este nefasto actuar extractivista que acontece en aguas de mar pero también en ríos, lagos, estuarios, canales donde Cheuqueman señala “la ley lafkenche impide la entrada al mar hasta el momento y le disputa espacios a las salmoneras pero por principios de temas administrativos no permite actuar sobre lagos y ríos” sin embargo enfatiza “presionar a Contraloría para que se pronuncie y de esa forma se haga efectiva sobre esos espacios, pero requiere de una movilización de las comunidades que están afectadas” determina.
Resolución final
Concluido el traftun en Puerto Saavedra las organizaciones participantes enunciaron un comunicado donde justamente se refieren al tema exigiendo un pronunciamiento de Contraloría General de la República sobre la Ley 20.249 planteando el recordatorio de un memorándum ingresado el 30 de junio de 2018 (N°230).
Ahí se hace hincapié para que se estipule criterios interpretativos sobre la ley que se reclama (20.249), acusan “no aplica a ríos y lagos aun siendo explicita en su redacción que debería tener vigencia donde es supervigilada por la subsecretaria de Fuerzas Armadas”.
Lo anterior es una preocupación debido a la amenaza que existe sobre las comunidades, quedando ejemplificada con el actuar prepotente de vividores estivales como lo ocurrido en Lago Ranco donde Matías Pérez Cruz, gerente de empresa Gasco, intentó impedir bañarse en dicho lago que se ubica en territorio Mapunche de la Fütawillimapu.
Por Srangiantü Nawel
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