Con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la iniciativa legal, que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y refuerza las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías.
La iniciativa legal (boletín 7217) se originó en un mensaje del Ejecutivo, que busca establecer normas especiales sobre publicidad y reserva en las causas que serán traspasadas desde la justicia militar a la civil y, por otra parte, hacer más estrictas las sanciones para los delitos cometidos en contra de las policías.
Este proyecto fue desglosado de la propuesta legal que presentó en su oportunidad el Gobierno para sustraer a los civiles de la jurisdicción militar, respondiendo a una de las demandas de comuneros mapuches procesados que se encontraban en huelga de hambre.
En las Comisiones Unidas de Constitución y de Defensa se desglosó dicha iniciativa y se tramitó sólo lo relativo a la delimitación de la competencia castrense -texto ya despachado por el Congreso Nacional y pronto a su promulgación-, dejando pendiente las normas sobre reserva y confidencialidad en la investigación de ciertos delitos militares cometidos por civiles y las que dicen relación con el reforzamiento de las sanciones a los ilícitos cometidos en contra de las policías.
El fundamento de ello es que algunos delitos militares cometidos por civiles que se entregarán al conocimiento de la justicia penal ordinaria, significaría ventilar materias que podrían afectar la seguridad nacional, por lo que se decidió legislar para preservar la reserva de la información.
A ese respecto, el proyecto establece ciertas causales específicas de reserva o secreto que fundamentan las restricciones de información, conocimiento o publicidad en el proceso penal. En ese contexto se regula el requerimiento de información de antecedentes secretos o reservados; el registro especial para antecedentes o documentos secretos; la custodia y conservación de especies de igual naturaleza; la entrada y registro en recintos militares en que existan antecedentes reservados; la incautación de objetos, documentos y correspondencia; la restricción de la publicidad de la audiencia en el juicio oral, y la lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios, todo ello con el debido control judicial.
La iniciativa deroga, asimismo, el delito de desacato en el Código de Justicia Militar, siguiendo con ello la tendencia nacional e internacional a suprimir el delito de ofensas a la autoridad, entre las que se encuentran las militares y las policiales, por contravenir el derecho a la libertad de expresión. Sin perjuicio de ello se mantienen figuras calificadas de amenazas en contra de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El proyecto consagra además un Estatuto de Protección de las Policías, reuniendo en un solo texto las diversas normas relacionadas. En ese plano, crea nuevas figuras penales para otorgar protección a las policías, facilita la persecución de los delitos en contra de los funcionarios policiales y endurece el régimen de cumplimiento de penas para los autores de estos delitos.
En el debate en la Sala, parlamentarios de gobierno valoraron la iniciativa planteando que el paso de miles de causas de la justicia militar a la civil obliga a tomar resguardos para que en el proceso penal ordinario no se difundan cuestiones sensibles para la seguridad nacional, a la vez que defendieron la necesidad de reforzar la protección legal de los policías cuando son objeto de agresiones y amenazas en el ejercicio de su labor.
Parlamentarios opositores, en cambio, expresaron algunas dudas sobre la materia opinando que no es necesario un reforzamiento de la protección legal a los efectivos policiales porque ello inhibiría la libertad de las personas para manifestarse y movilizarse sin exponerse a ser reprimidas. Celebraron además el traspaso de causas de la jurisdicción militar a la civil y destacaron las ventajas de mayores garantías y transparencia que ello con llevará.
La iniciativa legal pasó a segundo trámite constitucional al Senado.
Fuente: Radio Bio Bio (21.12.2010)