«[…] lo único que podría darle una salida al conflicto, la autonomía política y territorial mapuche, es algo que no se hará en Chile mientras el país sea gobernado por políticos cuya capacidad sea solo la de administrar el poder.»
EL DESCALABRO DE HURACÁN
La caída de la Operación Huracán ha logrado demostrar, más allá de toda duda razonable, la veracidad de la victimización mapuche mediante montajes político-judiciales ejercida por las autoridades del Estado. Por primera vez los medios de comunicación se han visto obligados a informar y dar tribuna a los afectados y sus defensorías para que el país conozca una situación que se vive día a día en la Araucanía.
La institución responsabilizada en el descalabro de Huracán es Carabineros de Chile, por las pruebas falsas implantadas en los celulares de las víctimas del montaje, y es la que está pagando las consecuencias de un caso del que no es la única responsable. El 20 de septiembre del 2017, a menos de una semana de que se diera a conocer la Operación Huracán mediante la detención de ocho mapuches, hubo una reunión encabezada por el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, en la cual participaron autoridades de Temuco, Concepción y la Región de Los Ríos. Entre ellas los presidentes de las Cortes de Apelaciones de la zona, los jefes de las policías, los jefes regionales de la fiscalía y abogados del gobierno. De modo que para los comuneros víctimas de Huracán y sus abogados defensores, no hay duda alguna que el Gobierno de Bachelet, quien prometiera en campaña no aplicar la ley antiterrorista, no sólo encabeza la operación, sino que ha invertido cuantiosos recursos encarcelando mapuches mediante imputaciones falsas de conductas terroristas, a través de querellas presentadas por intendentes y gobernadores durante todo su mandato.
En cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público, es conocido el sentimiento anti mapuche que tienen algunos connotados fiscales que ejecutan la política de criminalización de la protesta social mapuche. Es conocida en la región la formalización abusiva y encarcelamiento de centenares de mapuches en distintos casos, los cuales han sido absueltos por los tribunales. Los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo son famosos por utilizar esta estrategia de criminalización y encarcelamiento a priori de mapuches inocentes.
Es conocido el caso del despido del Fiscal adjunto de Collipulli Ricardo Traipe, por no seguir esta doctrina y negarse a aceptar el montaje de Fuerzas Especiales de Carabineros realizado en un allanamiento en la comunidad Coñomil Epuleo, el 28 de septiembre de 2015 en Ercilla, cuando balearon a José Coñalinco en la cara y en la espalda, luego lo detuvieron en el Hospital de Victoria, y lo entregaron al fiscal acusado de haber atacado al funcionario Valentín Cáceres Constanzo con una hacha. En la audiencia de formalización por “homicidio frustrado a carabinero en servicio” el fiscal Ricardo Traipe se percató de las heridas del detenido, dudando de la versión de carabineros no pidió la medida cautelar de prisión preventiva como era la exigencia regional.
Posteriormente decretó diligencias a la PDI, tras las cuales comprobó que Coñalinco no solo era inocente, sino que obtuvo suficientes antecedentes para formalizar al carabinero por violencia innecesaria. Lo que no alcanzó a hacer pues en mayo de 2016 fue despedido, después de un sumario realizado por el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo. Luis Arroyo, Alberto Chiffelle, Cristian Paredes, son nombres conocidos en los casos judicializados del conflicto mapuche: Poluco Pidenco, Tur Bus, fundo San Leandro, Luchsinger Mackay, causa muerte del cabo Albornoz, las supuestas milicias privadas de Hugo Melinao y la acusación por porte de armas contra el fotógrafo Felipe Durán y Cristián Levinao. Todos los acusados han sido declarados inocentes por los tribunales.
La Policía de Investigaciones (PDI) también participa en los casos de judicialización y allanamientos violentos a las comunidades ordenados por los fiscales. En el caso Luchsinger-Mackay, José Peralino uno de los acusados, declaró ante el tribunal haber sido objeto de torturas por parte de los detectives que lo inculpan. El caso se sostuvo en el testimonio de ambos funcionarios, y aunque finalmente el tribunal los declaró inocentes, los 11 inculpados estuvieron más de un año en prisión preventiva.
En resumen, la criminalización de la protesta social mapuche es una política de gobierno ejecutada por fiscales, policías y abogados de intendencias y gobernaciones en la Araucanía y tiene por objeto administrar el conflicto del Estado con el pueblo mapuche sin resolverlo.
Esta situación no cambiará pese al revés que ha sufrido con el derrumbe de la Operación Huracán, pues lo único que podría darle una salida al conflicto, la autonomía política y territorial mapuche, es algo que no se hará en Chile mientras el país sea gobernado por políticos cuya capacidad sea solo la de administrar el poder. Los estadistas, capaces de impulsar los cambios que son necesarios para modificar las condiciones que provocan y perpetúan los conflictos, parecen haberse extinguido.
Eliseo Cañulef Martínez
Dejar una contestacion