El día miércoles 10 de diciembre de 2014 la Cámara de Diputados realizó una sesión especial en la que se trató el “Incremento de las concesiones mineras de explotación y exploración constituidas en territorios ocupados por familias y comunidades indígenas”. En la oportunidad los parlamentarios solicitaron formalmente a Michelle Bachelet la implementación de acciones concretas para apoyar a las ‘comunidades indígenas’. A meses del fin del gobierno de la Nueva Mayoría, evaluamos el avance de las medidas solicitadas.
Como ya hemos informado, en territorio williche continúa el avance privatizador del subsuelo a través de la figura de concesiones mineras (ver link), un proceso que hemos venido monitoreando desde el año 2012.
Haciendo un poco de memoria respecto a las acciones realizadas para abordar esta problemática, recordamos la sesión especial de la Cámara de Diputados realizada el miércoles 10 de diciembre de 2014, instancia en la que los parlamentarios solicitaron al poder ejecutivo la aplicación de medidas frente a la constitución de concesiones mineras en “territorios ocupados por indígenas”.
Nos parece innecesario hacer referencia a las intervenciones de los diputados que rasgaron vestiduras por los atropellos cometidos contra las ‘comunidades indígenas’ y por la legislación que no garantiza sus derechos… A tres años de aquellas emocionantes palabras y sentidos discursos que resonaron en el parlamento, en la realidad concreta no hemos visto ninguna acción concreta de parte de diputados y senadores más allá de las palmadas en la espalda. Eso sí. No faltó diputado que sacó beneficio mediático de la ocasión.
Llamó la atención que en dicha oportunidad los parlamentarios, encargados(as) de hacer y modificar las leyes que hoy asfixian al Pueblo Mapuche, hayan centrado su interés en endosar al poder ejecutivo la responsabilidad de buscar soluciones al problema y no se hayan comprometido formalmente a aprobar o a realizar modificaciones legales que pudiesen dar fin al avance del extractivismo en territorio ancestral de pueblos/naciones preexistentes a Chile.
MEDIDAS SOLICITADAS POR EL PARLMENTO
Aquel 10 de diciembre, los diputados Fidel Espinoza, Fuad Chahin, Sergio Ojeda, Jenny Álvarez, Patricio Vallespín, Joaquín Tuma, Daniella Cicardini, Diego Paulsen, Iván Fuentes y Felipe de Mussy presentaron un proyecto de resolución (N° 259) consistente en cuatro solicitudes al poder ejecutivo.
El documento, que fue aprobado por 47 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la señora Presidenta de la República que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a las señoras ministras de Minería y de Desarrollo Social a objeto de que:
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Se efectúen los estudios necesarios con la finalidad de que la Conadi pueda apoyar jurídica y económicamente a las comunidades que buscan proteger el territorio donde residen y los recursos naturales, especialmente de la especulación minera, para que puedan solicitar sus propias concesiones, de manera de evitar que esta situación siga incrementándose.
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Se evalúe la necesidad de utilizar las herramientas jurídicas que contiene el Convenio 169 de la OIT, explorando todas aquellas alternativas existentes para realizar la defensa de los recursos naturales de las comunidades, considerando incluso solicitar una directa orientación a la OIT en la materia.
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Analizar en conjunto con otros servicios, como la Conaf, la posibilidad de establecer un programa de apoyo para la reforestación de los territorios de las comunidades con vides o árboles frutales, que es uno de los impedimentos para constituir servidumbres sin autorización del dueño del predio.
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Analizar la necesidad de actualización y adecuación de la legislación pertinente, en el marco del cumplimiento de las normas del Convenio 169 de la OIT.
Hagamos una breve revisión.
En lo que respecta a la letra a), a la fecha no ha habido ningún apoyo, ni financiero ni jurídico, de Conadi a las familias y comunidades mapunche directamente afectadas por constitución de concesiones mineras. Frente a esto, las comunidades han optado por defenderse de manera autónoma y autogestionada (ver link 1 y link 2). Es importante recalcar -nuevamente- que Conadi no es un entidad para ‘defender’ a los llamados ‘indígenas’: es un órgano del Estado funcional a los intereses del gobierno de turno.
Referente a la utilización del Convenio 169 de la OIT, en una publicación anterior hemos detallado como el gobierno de la ‘Nueva Mayoría’ ha mantenido los reglamentos mutilatorios de ‘consulta indígena’ (ver link) y los ha aplicado en procesos de escasa participación como el ‘Proceso Constituyente Indígena’ y los proyectos de creación de un ‘Ministerio de Pueblos Indígenas’ y ‘Consejo(s) de Pueblos Indígenas’… pero en la tramitación de derechos de agua o concesiones mineras que afectan directamente a familias y comunidades mapunche, la Consulta ‘Indígena’ no aparece.
¿Y la orientación directa de la OIT? Mejor ni preguntar.
En la letra c), se solicitó intervención de otros servicios públicos (Conaf) y la reforestación con vides. Si bien, de acuerdo a la legislación, la medida de reforestar con vides (uvas) limita las faenas mineras, hay que considerar que las ‘propiedades mineras’ están en zonas cordilleranas, de difícil acceso y en las que impera la biodiversidad nativa. Por tanto, la aplicabilidad y beneficios de esta medida resultan, a lo menos, cuestionables.
Finalmente, la letra d), plantea la necesidad de actualizar la legislación al estándar del viejo Convenio 169 de la OIT. Frente a esto podemos señalar:
- Si bien es cierto que el poder ejecutivo puede ingresar proyectos al parlamento y asignar urgencia para la rápida tramitación de los mismos, la responsabilidad final de la creación de leyes justas, realmente aplicables y respetuosas de los derechos humanos es de los mismos(as) parlamentarios(as).
- La situación actual es que la legislación está basada en una Constitución impuesta por la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet. Por lo que, la legislación de tierras, agua, subsuelo, espacio radioeléctrico, ‘recursos’ naturales, etc., tienen y mantienen un espíritu dictatorial y depredatorio.
- Durante el primer gobierno de Bachelet, el Estado de Chile votó a favor de la aprobación de la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (septiembre de 2007), instrumento que es hoy el estándar mínimo de derechos para los ‘indígenas’ en el mundo. Sin embargo, a nivel interno, el Estado nos mantiene bajo el yugo de un mutilado Convenio 169 de la OIT, instrumento surgido a fines de la Guerra Fría que pronto cumplirá 30 años…
- Una nueva legislación debe apuntar, por tanto, no a cumplir el desfasado Convenio 169 de la OIT, sino a cumplir el piso mínimo que es la «Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)» o la «Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016)«
Finalmente señalar que a la sesión especial del 10 de diciembre de 2014 viajaron representantes mapunche williche, pero no miembros de las familias y comunidades directamente afectadas de San Juan de la Costa, Puyehue y Río Negro que iniciaron el proceso de defensa contra la privatización del subsuelo. Frente a este y otros mecanismos de invisibilización y/o acallamiento, dichas comunidades y autoridades ancestrales de la Fütawillimapu han realizado, por su cuenta, diversas acciones para defenderse, entre ellas interponer acciones legales contra el Estado de Chile y los tribunales civiles de la zona (ver link).
Desde el gobierno de turno hemos constatado la realización de reuniones, encuentros, entrevistas, viajes y otras acciones para tratar el tema minero y la reforma al Código de Aguas, pero, a la luz de la experiencia acumulada, dichas instancias solo buscan que dirigentes y autoridades ancestrales digan lo que quieran decir y descarguen su rabia y frustración con funcionarios estatales, los que tienen como función mostrarse pacientes, acogedores y lograr que los procesos se dilaten, sin entregar soluciones concretas, esperando que los/as representantes se agoten o aparezca otro tema que desvíe la atención.
El resultado de estos procesos de contención y dilatación de conflictos es que, a meses de finalizar el gobierno de Michelle Bachelet, estamos exactamente igual que el año 2012.
Sin embargo, no todo es negativo. Podemos decir con orgullo que existen en territorio williche importantes avances y éxitos en la defensa de nuestra mapu, logrados gracias al trabajo autónomo de nuestras familias y comunidades, algunas veces fuera del ‘conducto regular’ y legal.
Es así que en sectores como Puninque Sur, Quilloimo, Punotro, Huacahuincul, Maihue, entre otros, se vive hoy con cierta tranquilidad, no olvidando que, bajo la consigna del ‘desarrollo’, el sistema económico depredatorio chileno siempre buscará el mejor momento para hacerse presente en nuestro territorio ancestral, quebrantando la ‘paz’ de la que tanto se habla hoy.
Feita-ten künoan famo. Mañumeimün pu l’amuentun, pu peñintun.
Salvador Rumian C.
Fütawillimapu
Wesrkin
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